Tiempo de lectura aprox: 2 minutos, 41 segundos
- Aunque el gobierno afirma que la CURP biométrica es opcional, la ley la establece como obligatoria para trámites y servicios. El consentimiento es forzado y las multas por no colaborar superan los 2 millones de pesos.
- Elon Musk y Sam Altman protagonizan una disputa que fractura el desarrollo ético de la inteligencia artificial. Su conflicto podría frenar avances clave y polarizar el futuro de la IA
Realidad Aumentada
Adrián Campos
La CURP biométrica está aquí. Y aunque el gobierno insiste en que su obtención es voluntaria, la ley dice otra cosa. Esta contradicción entre el discurso político y el marco legal no solo genera confusión: revela una estrategia de implementación basada en la ambigüedad, la coerción y el consentimiento forzado.
El 24 de julio, la presidenta Claudia Sheinbaum declaró en su conferencia matutina:
“A nadie se le puede obligar a que lo haga (el trámite de la CURP biométrica)… Estamos orientando a que se haga, pero a nadie se le obliga”.
Sin embargo, el Artículo 91 Bis de la Ley General de Población, reformado el 16 de julio, contradice a la presidenta, ya que establece que la CURP biométrica será el documento nacional de identificación obligatorio, de aceptación universal y exigible en todo el territorio nacional. Además, el Artículo 91 Sexies obliga a todas las instituciones públicas y privadas a requerirla para ofrecer trámites y servicios.
¿No es esto una contradicción flagrante? ¿Cómo puede ser “voluntaria” una identificación que será exigida para acceder a derechos básicos como salud, educación o servicios bancarios?
La ley habla de “consentimiento” para el registro de datos biométricos, pero como parece que esto se trata de un consentimiento forzado, velis nolis en términos legales.
No hay forma de negarse a esta CURP porque todo está siendo proyectado para que sea necesaria y no podamos hacer ningún trámite sin ella, por menor que pueda ser. Nos lo están metiendo con calzador.
La Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) lo califica como una farsa legal:, ya que las personas se verán condicionadas, o más bien forzadas a “autorizar” el tratamiento de sus datos biométricos presionados para el ejercicio de derechos, lo cual vulnera el principio de consentimiento.
Aunque el gobierno afirma que la CURP biométrica no será obligatoria para todos, sí lo será para ciertos sectores, especialmente menores de edad y sus tutores legales.
Según Félix Arturo Arce Vargas, director del Registro Nacional de Población (Renapo), los padres que deseen tramitar la CURP biométrica para sus hijos deberán contar previamente con la propia. Esto convierte el trámite en una cadena de obligatoriedad encubierta.
Además, la CURP biométrica para menores incluirá las 10 huellas digitales, el iris de ambos ojos y una fotografía, todos encriptados en un código QR. La fotografía deberá actualizarse cada año, lo que implica un seguimiento constante desde la infancia.
¿Y si no colaboras? El Artículo 114 Bis establece multas de entre 10 mil y 20 mil Unidades de Medida y Actualización (UMA) para autoridades y particulares que no colaboren con la Secretaría de Gobernación en la transferencia de datos biométricos.
Esto equivale a sanciones de entre $1,131,400 y $2,262,800 pesos. ¿Voluntario? Difícil de creer.
La CURP biométrica no es solo una herramienta de identificación. Es una infraestructura de vigilancia que se construye sobre la ambigüedad legal y la coerción administrativa. Y si el gobierno no puede decir con claridad que es obligatoria para todos, aunque la ley lo afirme, entonces no merece nuestra confianza.
Ya lo hemos advertido en columnas anteriores: el problema no es la tecnología, sino la opacidad con la que se implementa. Si el Estado no puede garantizar transparencia, protección de datos y respeto al consentimiento, entonces la CURP biométrica se convierte en un riesgo, no en una solución.
Gemelos Digitales
Lo que comenzó como una alianza visionaria para fundar OpenAI en 2015, hoy es una batalla pública entre dos de los hombres más influyentes del mundo tech. Elon Musk acusa a Sam Altman de traicionar los principios fundacionales de la organización al convertirla en una empresa con fines de lucro. Altman, por su parte, defiende la transformación como necesaria para sostener el desarrollo de tecnologías avanzadas como la superinteligencia.
La tensión escaló cuando Musk ofreció 97 mil 400 millones de dólares por OpenAI, oferta que Altman rechazó con sarcasmo. Desde entonces, las acusaciones han ido desde “estafador” hasta “demonio”, y las demandas legales ya están en curso.
Este conflicto no es solo personal: representa dos visiones opuestas del futuro de la IA. Musk promueve una IA regulada, abierta y segura; Altman apuesta por velocidad, escalabilidad y control empresarial. La disputa podría frenar colaboraciones clave, dividir al ecosistema y politizar aún más el desarrollo de la inteligencia artificial.
Veamos si esta guerra de egos no termina por ser el mayor obstáculo para una IA verdaderamente ética y accesible.
