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LAS VOCES DE alerta se encendieron entre los ahorradores e inversionistas de la Sociedad Financiera Popular (Sofipo) CAME, luego de anunciar su posible adhesión al fondo de protección.
El mensaje publicado en su página web, en el que reconoce una fase crítica y la posibilidad de activar un mecanismo de respaldo financiero, ha generado incertidumbre sobre la solidez del sector de ahorro popular en México.
CAME enfrenta un momento delicado: según la propia sociedad que dirige Pablo Varela ya colabora con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) para informar sobre su situación financiera y explorar soluciones.
Una de estas sería acogerse al fondo de protección, una medida que permitiría pagar a los ahorradores hasta por 25 mil UDIS, equivalentes a poco más de 211 mil pesos al cierre de abril de 2025.
Este fondo está diseñado para proteger a los ahorradores en caso de quiebra o liquidación de alguna entidad. No obstante, la propia fragilidad de este mecanismo ha sido señalada por especialistas, pues el fondo actualmente carece de recursos suficientes para cubrir todas las obligaciones potenciales.
CAME también exhortó a sus acreditados para que mantengan sus pagos al día argumentando que el dinero prestado proviene directamente del ahorro de sus clientes, y que el incumplimiento podría perjudicar aún más la situación financiera de la institución.
Esta estrategia busca mantener activa una fuente de ingresos que, en medio de una fase crítica, podría marcar la diferencia entre una reestructura viable o la disolución definitiva.
Sin embargo, la respuesta de los clientes ha sido, en muchos casos, de desconfianza.
Algunos ahorradores ya han asumido que la firma ha quebrado y temen no recuperar montos que superan por mucho la cobertura del fondo de protección.
Más allá del caso puntual de CAME, este episodio vuelve a poner sobre la mesa la necesidad de fortalecer el marco de regulación y supervisión de las Sofipos en México.
Aunque estas entidades cumplen una función social importante, su vulnerabilidad financiera, combinada con la limitada capacidad del fondo de protección, evidencia un problema estructural.
El fondo ha sido utilizado en múltiples ocasiones ante quiebras de otras Sofipos, lo cual ha erosionado su capacidad de respuesta.
De confirmarse la insolvencia de CAME, el sistema podría enfrentar una nueva crisis de confianza, justo en un sector que busca fomentar la inclusión financiera.
El desenlace de esta historia aún está por escribirse; mientras tanto, cientos de ahorradores esperan certezas que, hasta ahora, parecen lejanas.
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