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LOS TEMAS FISCALES más relevantes para las empresas mexicanas ya no son únicamente los referentes a las tasas, ahora es la capacidad de aprovechar deducciones y pérdidas fiscales. Un análisis de KPMG México, que ahora dirige Celin Zorrilla, sobre la propuesta de Reforma Fiscal para 2027 plantea una pregunta que ya circula entre empresas, despachos y áreas financieras: si las nuevas reglas pueden terminar generando un efecto similar al de un impuesto mínimo corporativo.
El debate comenzó a desplazarse hacia el terreo de la capacidad que tendrá la autoridad para limitar el aprovechamiento de deducciones y pérdidas fiscales. Un análisis de KPMG México, que ahora encabeza Celin Zorrilla, sobre la propuesta de Reforma Fiscal para 2027 plantea una pregunta que empieza a repetirse entre directores financieros, fiscalistas y consejos de administración: ¿está México construyendo una versión propia de impuesto mínimo corporativo?
La comparación surge por las restricciones previstas para ciertas deducciones y para la amortización de pérdidas fiscales. La iniciativa no crea una nueva tasa de ISR ni incorpora formalmente un impuesto mínimo. Sin embargo, al limitar temporalmente algunos beneficios fiscales, aumenta la posibilidad de que determinadas empresas enfrenten una carga tributaria más elevada en el corto plazo.
El referente internacional de la discusión es el Pilar 2 impulsado por la OCDE dentro del proyecto BEPS. Ese mecanismo busca garantizar una tasa efectiva mínima de 15% para grupos multinacionales con ingresos consolidados superiores a 750 millones de euros. La propuesta mexicana avanza por una ruta distinta, pero persigue una preocupación similar: evitar que la carga fiscal efectiva se reduzca demasiado mediante deducciones o pérdidas acumuladas.
De acuerdo con el análisis de KPMG México, la iniciativa limitaría la aplicación de deducciones cuando éstas superen determinados umbrales respecto de los ingresos acumulables. Además, las pérdidas fiscales de ejercicios anteriores sólo podrían amortizarse hasta por 50% de la utilidad fiscal del periodo. La diferencia es relevante porque las cantidades no desaparecen; simplemente se difieren para ejercicios posteriores.
Ese cambio impacta especialmente a sectores que operan con ciclos largos de inversión. Empresas de infraestructura, energía, manufactura, minería, telecomunicaciones y tecnología suelen construir sus modelos financieros alrededor de depreciaciones, deducciones y pérdidas acumuladas durante varios años. Cuando se modifica el momento en que esos beneficios pueden utilizarse, también cambian los flujos de efectivo del negocio.
La situación se vuelve más compleja para las multinacionales. Una compañía con operaciones en México podría quedar sujeta simultáneamente a las reglas locales propuestas y al Pilar 2 aplicado por su corporativo global. En ese escenario, el análisis ya no se limita al ISR mexicano; también involucra tasas efectivas jurisdiccionales, impuestos diferidos y cumplimiento de las reglas GloBE.
El estudio de KPMG México identifica tres escenarios: empresas sujetas únicamente al Pilar 2; compañías alcanzadas sólo por la reforma mexicana; y contribuyentes que deberán administrar ambos esquemas al mismo tiempo.
La iniciativa continúa en discusión legislativa y todavía puede modificarse. Sin embargo, para muchas empresas el mensaje ya es claro: la autoridad fiscal busca reducir espacios que durante años permitieron diferir cargas tributarias relevantes. La propuesta no crea un impuesto mínimo formal ni replica el modelo de la OCDE. Lo que sí hace es acercar la discusión mexicana a una tendencia internacional que busca asegurar que los grandes contribuyentes mantengan un nivel mínimo de recaudación, aun cuando cuenten con deducciones, pérdidas e incentivos plenamente legales.

RUMO, EL MAYOR operador privado de transporte ferroviario de carga en Brasil, seguirá buscando comprador para una participación de 15% sin Grupo México en la recta final del proceso. La empresa de Germán Larrea habría decidido retirarse de la negociación, de acuerdo con reportes de prensa brasileños, pese a que este año reconoció su interés por expandir su negocio ferroviario en Sudamérica. Rumo opera cerca de 14 mil kilómetros de vías férreas y conecta regiones agrícolas e industriales con los principales puertos brasileños. La desinversión forma parte de la estrategia de Cosan para reducir deuda y obtener alrededor de mil millones de dólares. Entre los interesados que permanecen aparecen COFCO y Bunge. Para Grupo México, la atención podría concentrarse ahora en Argentina y la privatización de Belgrano Cargas.

LA CONSOLIDACIÓN ENTRE las fibras inmobiliarias mexicanas entró en una nueva etapa. Fibra Mty, dirigida por Jorge Ávalos, obtuvo la autorización de la Comisión Nacional Antimonopolio (CNA) para lanzar una segunda oferta pública de adquisición sobre los certificados de Fibra Macquarie que aún no controla. La propuesta contempla un intercambio de 3.20 CBFIs de Fibra Mty por cada título de Fibra Macquarie, además de una opción en efectivo de 44 pesos por certificado. Con la aprobación regulatoria en mano, la firma regiomontana ya cuenta con las autorizaciones necesarias para avanzar en la operación. El componente en efectivo podría representar un desembolso superior a 6 mil 500 millones de pesos. La transacción será seguida de cerca por el mercado, al tratarse de uno de los movimientos corporativos más relevantes del sector inmobiliario bursátil mexicano en los últimos años.

VOLARIS APUESTA POR darle más opciones al pasajero cuando un vuelo no sale conforme a lo planeado. La aerolínea capitaneada por Enrique Beltranena presentó “Asistencia de Disrupciones”, una herramienta desarrollada junto con HTS (Hopper Technology Solutions) que permitirá a los clientes reacomodar su viaje o solicitar un reembolso si enfrentan retrasos superiores a dos horas o cancelaciones el día del vuelo. El beneficio, que funciona como un servicio adicional de pago, ofrece la posibilidad de ser colocado incluso en otra aerolínea con el costo cubierto por la plataforma tecnológica. La iniciativa busca fortalecer la flexibilidad para los viajeros en momentos de interrupciones operativas. La herramienta estará disponible desde el proceso de compra del boleto y se suma a los mecanismos de atención que la empresa ya ofrece a sus pasajeros.

LA RELACIÓN ENTRE seguridad e inversión volvió a quedar bajo los reflectores tras la detención del alcalde de Juchitán, Oaxaca, señalado por presuntos vínculos con actividades de extorsión y despojo de tierras que habrían afectado proyectos estratégicos en el sur del país. En esa discusión intervino Alejandro Desfassiaux, fundador de Grupo Multisistemas de Seguridad Industrial, al advertir que la presencia de grupos delictivos tiene efectos directos sobre el desarrollo económico regional. Los datos disponibles muestran que, tras el inicio de las obras del Tren Interoceánico, las denuncias por despojo, lesiones y amenazas pasaron de 376 casos en 2018 a 704 en 2021, un incremento de 87.2%. Para Desfassiaux, la inseguridad no sólo afecta a la población, sino también a la ejecución de proyectos, la actividad empresarial y la llegada de nuevas inversiones. La reconstrucción de la confianza en regiones afectadas por estos fenómenos, sostuvo, puede requerir varios años.
