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EL ECOSISTEMA FINTECH mexicano siempre ha buscado tener la confianza de la gente y poder acabar con la recha de brecha de la bancarización.
Sin embargo, en ocasiones hay casos como el de AlquimiaPay, una empresa que, pese a no contar con autorización oficial de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, operó como si fuera una institución regulada, dejando tras de sí un rastro de presuntos fraudes que superan los mil 600 millones de pesos.
La historia de AlquimiaPay, propiedad de Juan Sergio Loredo Foyo y Gonzalo Loredo Foyo, es un ejemplo claro de cómo la falta de supervisión puede abrir la puerta a esquemas financieros opacos.
Según se sabe, los recursos de los clientes fueron triangulados entre entidades como Sofom Waer y Rami Estrategias, para otorgar préstamos discrecionales sin autorización ni transparencia.
Este no es el primer escándalo que rodea a Loredo. En 2020, fue acusado de bloquear el acceso al portal VisitMexico, la principal plataforma de promoción turística del país, en medio de una disputa comercial con la empresa Braintivity, administradora del sitio.
En 2021, Loredo intentó adquirir una licencia fintech a través de Coltomoney, empresa de Ignacio del Valle, sobrino del empresario Antonio del Valle Ruiz.
Aunque Coltomoney sí obtuvo autorización como Institución de Fondos de Pago Electrónico (IFPE), el regulador bloqueó la operación de Loredo, quien buscaba usar la firma como vehículo para legitimar sus actividades.
En 2024, AlquimiaPay reportó un supuesto ciberataque que habría causado un desfalco adicional de 800 millones de pesos, lo que agravó aún más la situación de los afectados.
Mientras tanto, Loredo dejó el país y enfrenta una batalla legal que ha complicado incluso la venta de Coltomoney al empresario Mauricio Villamisil.
Uno de los operadores clave en este esquema es Fernando Monroy Salas, quien ha sido señalado por abrir subcuentas difíciles de rastrear tanto en AlquimiaPay como en Coltomoney.
Estas prácticas han encendido las alertas del equipo legal de Ignacio del Valle, que actualmente realiza una “operación limpieza” para depurar cuentas que no cumplen con los estándares de prevención de lavado de dinero.
La situación se torna aún más delicada cuando se revela que Visa y ATM (participante directo del SPEI) solicitaron información sobre cuentas abiertas en AlquimiaPay, algunas de las cuales están vinculadas a políticos de Morena y del PAN.
A pesar de las denuncias, la Comisión Bancaria y la Condusef no han intervenido de manera contundente.
AlquimiaPay sigue operando bajo un recurso legal, vendiéndose como fintech sin serlo, y afectando a cientos de usuarios que no han podido recuperar sus recursos.
¿Cuántas otras “fintech” están operando en la sombra, sin supervisión, y con el potencial de repetir el mismo esquema fraudulento?
EL CONSORCIO LIDERADO por Mota-Engil ganó la licitación para construir 30.3 kilómetros del tramo I del tren de pasajeros Querétaro-Irapuato, con un contrato de 7 mil 632 millones de pesos. La Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario (ARTF), a cargo de Andrés Lajous, evaluó 11 propuestas, priorizando viabilidad técnica, financiera y congruencia con el proyecto. Aunque hubo ofertas más económicas, la seleccionada fue considerada la más conveniente para el Estado. El inicio de obras está previsto para el 28 de agosto y deberán concluir en junio de 2027.
ANTE LAS ACUSACIONES que CIBanco enfrenta por parte del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que encabeza Scott Bessent, por presunto lavado de dinero ligado al narcotráfico, la institución mexicana niega los señalamientos y presentó una denuncia ante un tribunal en Washington, argumentando violaciones al debido proceso. La orden estadounidense, que entraría en vigor el 4 de septiembre, podría cortar sus operaciones internacionales. CIBanco sostiene que la medida carece de fundamentos claros y representa una “pena de muerte” financiera.
VIVAAEROBUS ANUNCIÓ QUE las tripulaciones extranjeras dejarán de operar en México antes del 30 de septiembre. Actualmente representan solo 3% de los pilotos de la aerolínea capitaneada por Juan Carlos Zuazua y una mínima parte de sus sobrecargos. Su incorporación fue temporal, derivada de los arriendos húmedos necesarios ante la revisión de motores Pratt & Whitney. Aunque el artículo 32 constitucional reserva estas funciones a mexicanos, la medida respondió a una necesidad operativa.
EL REGRESO A clases en México implicará un gasto promedio de hasta 10 mil 916 pesos por estudiante, según la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (Anpec), lo que representa un aumento de 12.66% respecto a 2024. Los mayores incrementos se observan en útiles escolares (16.7%) y productos de limpieza (15.1%). Aunque la lista oficial de la SEP es básica, las escuelas suelen solicitar materiales adicionales. La inflación general se mantiene en 3.51%, pero el impacto en el bolsillo familiar es significativo.
