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El Estado de México se convirtió en la primera entidad del país en aprobar la Ley Mariana Lima, una reforma que busca transformar la manera en que las autoridades investigan las muertes violentas de mujeres y niñas. La nueva legislación establece que todos estos casos deberán ser analizados con perspectiva de género y debida diligencia, con el objetivo de determinar si se trata de un feminicidio y evitar que estos crímenes sean clasificados de manera incorrecta como suicidios, accidentes u otras causas.
La aprobación representa uno de los cambios legislativos más relevantes en materia de acceso a la justicia para las mujeres en los últimos años y retoma principios derivados de la histórica sentencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en marzo de 2015 por el caso de Mariana Lima Buendía, cuyo feminicidio marcó un precedente nacional en la investigación de delitos de género.
La reforma busca cerrar espacios a la impunidad
La impulsora de la iniciativa, la diputada Jennifer Nathalie González López, destacó que la propuesta incorpora al marco legal mexiquense diversos criterios construidos a partir de la lucha de Irinea Buendía Cortez, madre de Mariana Lima, y del trabajo jurídico encabezado por el abogado Pablo Navarrete Gutiérrez.
La legisladora explicó que el objetivo central es garantizar que ninguna muerte violenta de una mujer o niña sea descartada de manera anticipada como feminicidio.
Con ello, las autoridades estarán obligadas a aplicar protocolos especializados desde el inicio de las investigaciones y a agotar todas las líneas de investigación necesarias para determinar las circunstancias reales de los hechos.
Toda muerte violenta de mujeres deberá investigarse con perspectiva de género
Uno de los principales alcances de la Ley Mariana Lima es que obliga formalmente a investigar con perspectiva de género todas las muertes violentas de mujeres y niñas.
La disposición incluye casos que inicialmente puedan ser reportados como accidentes o suicidios, una práctica que durante años fue cuestionada por organizaciones defensoras de derechos humanos y colectivos de víctimas.
De acuerdo con los promoventes de la reforma, esta medida busca evitar que posibles feminicidios queden ocultos detrás de clasificaciones erróneas o investigaciones deficientes.
El propósito es garantizar que las autoridades analicen integralmente cada caso antes de descartar la existencia de violencia de género.
Habrá sanciones para funcionarios que obstruyan la justicia
Otro de los puntos centrales de la reforma es el establecimiento de responsabilidades penales para servidores públicos que incumplan sus obligaciones durante las investigaciones.
La ley considera sanciones para personal de procuración y administración de justicia que incurra en:
- Omisiones durante las investigaciones.
- Negligencias en el manejo de pruebas.
- Actos de corrupción.
- Obstrucción de la investigación.
- Acciones que afecten el derecho a la verdad y la justicia para las víctimas.
Las penas contempladas van de cuatro a diez años de prisión, además de multas de entre 100 y 150 días, así como la correspondiente destitución e inhabilitación para ejercer cargos públicos.
Con ello, los legisladores buscan que las autoridades enfrenten consecuencias directas cuando sus actuaciones contribuyan a la impunidad.
La sentencia de Mariana Lima se convierte en ley
La nueva legislación tiene su origen en uno de los casos más emblemáticos de la lucha contra la violencia feminicida en México.
Hace casi 15 años, el caso de Mariana Lima Buendía fue inicialmente catalogado como suicidio. Sin embargo, la persistencia de su madre, Irinea Buendía, permitió que el caso llegara hasta la Suprema Corte.
En marzo de 2015, la SCJN emitió una sentencia histórica que estableció la obligación de investigar con perspectiva de género todas las muertes violentas de mujeres.
Ahora, esos criterios dejan de ser únicamente una referencia judicial para convertirse en una obligación legal dentro del Estado de México.
Autoridades reconocen deficiencias en las investigaciones
Durante el análisis legislativo se identificaron tres grandes problemas que históricamente han dificultado el esclarecimiento de feminicidios:
- La pérdida o alteración de evidencia.
- La falta de investigaciones exhaustivas.
- La aplicación incorrecta o inexistente de la perspectiva de género.
El dictamen aprobado señala que estas deficiencias han limitado el acceso a la justicia para las familias de víctimas y han contribuido a que numerosos casos queden sin resolver.
Por ello, la reforma fortalece las herramientas legales para exigir responsabilidades cuando las autoridades incumplan con sus deberes.
La reparación del daño también forma parte de la reforma
Además del endurecimiento de las obligaciones de investigación, la Ley Mariana Lima incorpora medidas relacionadas con la reparación del daño.
La nueva normativa contempla acciones para reconocer las afectaciones provocadas por posibles omisiones institucionales y promover mecanismos que restituyan derechos vulnerados a familiares de víctimas.
Además, impulsa medidas orientadas a modificar patrones culturales relacionados con la violencia contra las mujeres mediante programas de capacitación, sensibilización y formación en perspectiva de género para servidores públicos.
Cuándo entrará en vigor la Ley Mariana Lima
Las reformas aprobadas por el Congreso mexiquense entrarán en vigor una vez que sean publicadas en la Gaceta del Gobierno del Estado de México.
A partir de ese momento, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México estará obligada a aplicar los nuevos criterios en todas las investigaciones relacionadas con muertes violentas de mujeres y niñas.
La entrada en vigor también activará el régimen de responsabilidades para los funcionarios que incumplan las disposiciones contenidas en la ley.
Un precedente nacional en la lucha contra el feminicidio
La aprobación de la Ley Mariana Lima coloca al Estado de México como la primera entidad del país en incorporar a su legislación los criterios derivados de una de las sentencias más importantes emitidas por la Suprema Corte en materia de derechos de las mujeres.
Más allá de la reforma legal, la nueva normativa representa un reconocimiento al trabajo de familiares de víctimas, organizaciones civiles y especialistas que durante años han impulsado cambios para combatir la impunidad en los casos de feminicidio.
Con esta legislación, las autoridades mexiquenses tendrán mayores obligaciones para investigar, sancionar y esclarecer la violencia feminicida, mientras que las familias de las víctimas contarán con herramientas jurídicas más robustas para exigir verdad, justicia y reparación del daño.
