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- La reforma de telecomunicaciones en México 2025 pone en riesgo la competencia, la libertad de expresión y los compromisos del T-MEC. El gobierno de Sheinbaum avanza hacia un modelo autoritario bajo el disfraz de conectividad
- El Hot Sale se ha convertido en un fenómeno que va más allá del comercio. Refleja cómo la sociedad mexicana adopta nuevas tecnologías, fomenta la inclusión digital y transforma sus hábitos de consumo
Realidad Aumentada
Adrián Campos
Y seguimos con el intento del gobierno de Claudia Sheinbaum por reformar la ley de telecomunicaciones, que no es una mera actualización normativa. Es una jugada política de alto riesgo que amenaza con revertir una década de avances en competencia, transparencia y libertad de expresión, cosa que ha alertado a nuestros vecinos del norte.
Si bien la iniciativa se ha ralentizado momentáneamente por la presión pública, su avance legislativo sigue siendo una amenaza inminente para los derechos digitales y el marco económico del país.
El fondo del problema es claro y ya lo habíamos comentado en este espacio: el proyecto propone empoderar al Estado para competir directamente con empresas privadas en el mercado de telecomunicaciones, utilizando recursos públicos y sin las mismas reglas regulatorias.
Este enfoque no solo desincentiva la inversión privada en un sector clave para el desarrollo económico, sino que rompe el principio constitucional de neutralidad y competencia (artículo 28), y contradice compromisos internacionales, como el T-MEC.
La eliminación del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), sustituido por una agencia subordinada al Ejecutivo, la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones y con un director que sabemos esté plegado a lo dicho por la presidenta y sumado a eso, es una persona llena de sesgos ideológicos, pues bien, todo este coctel encarna un retroceso institucional que deja al mercado a merced de intereses políticos.
Sin una autoridad autónoma, la vigilancia imparcial desaparece. Esta decisión compromete gravemente la confianza de inversionistas y socios comerciales, especialmente de Estados Unidos, que ya ha expresado su inquietud por la deriva autoritaria de México en temas regulatorios, tal como lo hizo recientemente el Center for Strategic and International Studies (CSIS).
Otro elemento alarmante es el potencial para censura. La posibilidad de bloquear plataformas digitales por no cumplir con “regulaciones aplicables” es una puerta abierta a la arbitrariedad. Que una administración pueda silenciar voces críticas mediante mecanismos legales ambiguos revive viejos fantasmas de autoritarismo. La censura no se anuncia, se disfraza.
Además, permitir al gobierno entregar espectro sin licitación pública equivale a convertir un bien nacional en una herramienta política. México ya enfrenta uno de los costos más altos de espectro en el mundo, lo cual ha dificultado la entrada de nuevos jugadores al mercado. La concentración de poder, con América Móvil dominando el 70% del sector, se verá aún más reforzada si se siguen diseñando leyes a la medida de los intereses gubernamentales o de los grandes grupos económicos cercanos al poder.
Todo esto ocurre en un momento crítico: el T-MEC se encuentra a las puertas de una revisión anticipada, y Estados Unidos, en voz del presidente Donald Trump ya ha amenaza con renegociaciones más duras. ¿Puede México permitirse mostrar señales de proteccionismo digital y autoritarismo regulatorio en este contexto? La respuesta es un rotundo no.
Otro elemento que preocupa al gobierno de Estados Unidos es la creciente presencia de Huawei en la infraestructura nacional, incluyendo zonas cercanas a la frontera norte. Aunque el gobierno de Trump insista en limitar su influencia geográfica, consideran que el riesgo en términos de seguridad y soberanía tecnológica es real, y podría tener consecuencias para la cooperación con Washington en inteligencia, tecnología e inversión estratégica.
La ley propuesta es, en esencia, una trampa digital. Bajo la narrativa de cerrar la brecha digital, se ocultan mecanismos de control, centralización y exclusión. La inclusión no debe ser excusa para la opacidad, ni el desarrollo digital un pretexto para el debilitamiento institucional.
Si Claudia Sheinbaum desea verdaderamente modernizar el sector, debe comenzar por restaurar la confianza en el árbitro, no por eliminarlo. Debe asegurar reglas claras, licitaciones públicas y equidad para todos los actores del ecosistema digital. De lo contrario, México se encamina hacia una regresión autoritaria disfrazada de conectividad.
El futuro digital de México no puede construirse con leyes que privilegian al gobierno, castigan la inversión y restringen la voz de la ciudadanía. El Congreso aún tiene tiempo para corregir el rumbo. Pero si cede ante el poder ejecutivo, las consecuencias económicas, legales y democráticas serán difíciles de revertir.
Gemelos Digitales
El Hot Sale ya dio inició, y se ha consolidado como un evento clave para el comercio electrónico en México. Más allá de las ofertas, representa una oportunidad para que pequeñas y medianas empresas ganen visibilidad y para que los consumidores exploren nuevas formas de compra digital. Datos de la AMVO muestran que entre 2022 y 2024, las categorías más populares han sido Moda, Belleza y Cuidado Personal, seguidas por Electrodomésticos pequeños. Moda lidera con hasta el 40% de las compras en línea, mientras que la tecnología ha mostrado una tendencia a la baja. Mercado Libre, uno de los principales actores del e-commerce en el país, anticipa que estas categorías seguirán dominando en 2025. Su infraestructura logística y su enfoque en la experiencia del usuario refuerzan esta proyección. El Hot Sale no solo impulsa ventas, también educa al consumidor mexicano en el uso de pagos digitales y fortalece la confianza en las compras en línea. Así, se convierte en un reflejo de cómo evoluciona el consumo digital en el país.
