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osé Antonio Peña Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, explicó que el artículo 183 del nuevo dictamen mantiene el mismo lenguaje que el artículo 190 de la ley vigente desde 2014. Según sus declaraciones, el gobierno no tiene facultades para espiar ni censurar a través de esta legislación.
El artículo 183 no otorga acceso a datos personales ni a la Agencia ni al nuevo regulador. Su función se limita a establecer que los concesionarios deben colaborar con las autoridades únicamente bajo mandamientos legales, escritos, fundados y motivados. Esto significa que no hay nuevas herramientas de vigilancia, sino una continuidad de lo ya establecido en la ley anterior.
No hay censura: se protegen los derechos de las audiencias
Ante las críticas por una supuesta intención de censura, Peña Merino fue claro al afirmar que no existe ningún mecanismo que permita al Estado intervenir directamente en los contenidos. Lo que sí existe es un procedimiento legal para que las audiencias puedan presentar quejas ante los medios de comunicación, a través de sus defensores de audiencias.
Los derechos de las audiencias, establecidos en el artículo 6º constitucional, se mantienen intactos. Estos derechos abarcan el acceso a contenidos diversos, la no discriminación, la igualdad de género, la distinción entre publicidad y programación, y la atención a la programación infantil. En caso de que un medio incumpla con estos principios, el único recurso previsto es un apercibimiento, sin sanciones automáticas ni censura previa.
Llave MX no permite suplantación de identidad
En otro punto de su intervención, Peña Merino abordó las preocupaciones sobre la plataforma Llave MX. Aclaró que no es posible iniciar y concluir un trámite únicamente con esta herramienta. Siempre se requiere documentación adicional validada por un servidor público.
Aunque técnicamente se puede crear una cuenta con una CURP ajena, eso no implica una suplantación de identidad, ya que ningún trámite puede completarse sin documentos oficiales que acrediten a la persona usuaria. Por lo tanto, el riesgo de fraude o suplantación es prácticamente nulo bajo el diseño actual del sistema.
La nueva ley busca modernizar sin vulnerar derechos
La nueva Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión no introduce nuevas facultades de espionaje ni censura. Su objetivo es actualizar el marco legal vigente desde 2014, manteniendo intactas las garantías constitucionales de privacidad, libertad de expresión y derechos de las audiencias.
El gobierno ha reiterado que esta reforma busca fortalecer la transparencia, mejorar la regulación del espectro radioeléctrico y garantizar el acceso equitativo a los servicios digitales, sin comprometer los derechos fundamentales de la ciudadanía.
