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En el estado de Nuevo León, la reciente implementación de la Norma Ambiental Estatal NAE-SMA-009-2024 ha generado una ola de críticas y cuestionamientos. Esta norma, que busca regular el manejo de residuos sólidos en zonas cercanas a la sierra, obliga a hoteles, restaurantes, edificios y otros inmuebles a modificar su sistema de almacenamiento de basura. La medida, en apariencia ecológica, exige el uso de botes anti osos, contenedores especiales que deben ser validados por la dependencia estatal Parques y Vida Silvestre de Nuevo León.
Lo que ha encendido las alarmas es que dicha dependencia, encabezada por Glen Villarreal Zambrano, no solo regula la norma, sino que también vende los botes necesarios para cumplirla. Los precios van desde los 16 mil hasta los 39 mil pesos por unidad, y se solicita un bote por cada nivel del edificio, lo que ha sido considerado por muchos como una imposición desproporcionada.
¿Voluntario o coercitivo?
Aunque en los comunicados oficiales se afirma que la adquisición de los botes es “voluntaria”, los mismos documentos advierten que el incumplimiento puede derivar en sanciones, suspensiones de actividades o incluso clausuras. Esta dualidad entre lo opcional y lo obligatorio ha generado desconfianza entre los propietarios de inmuebles, quienes sienten que están siendo forzados a comprar productos de una sola fuente: la misma oficina que los regula.
El trasfondo empresarial de Glen Villarreal Zambrano
Más allá de la polémica ambiental, el nombre de Glen Villarreal Zambrano ha resonado en los últimos meses por motivos aún más delicados. El funcionario, quien también ha ocupado cargos relevantes en Movimiento Ciudadano y en el área de comunicación del gobierno estatal, está siendo investigado por su presunta vinculación con una red de lavado de dinero.
La empresa BMDI S.A. de C.V., fundada por Zambrano y dirigida por él hasta 2021, ha sido señalada como el eje de una compleja red de compañías fachada. Según investigaciones periodísticas y documentos oficiales, BMDI habría realizado operaciones por más de 25 millones de pesos con al menos 17 empresas, muchas de las cuales ya no existen o están registradas a nombre de personas sin capacidad económica real, como trabajadores informales o ciudadanos de bajos recursos.
Una red de empresas fantasma
La investigación revela que al menos 107 sociedades están relacionadas con esta red, la mayoría constituidas en Coahuila pero con domicilios fiscales en Nuevo León. El patrón es claro: empresas de corta duración, sin actividad comercial visible, que facturan grandes cantidades de dinero entre sí. Algunas de estas compañías fueron registradas por un notario que ha sido denunciado por fraude, lo que añade más sospechas al caso.
Entre las empresas vinculadas a BMDI se encuentran nombres como Pawel, Furaga, Aitver, Yerur, Sofmu y Comercializadora Muniv, todas con operaciones millonarias. De estas, al menos diez ya han sido disueltas. Además, ciudadanos como José Domínguez, un lavacoches que trabaja en un mercado sobre ruedas, aparecen como accionistas de empresas que facturaron cientos de miles de pesos.
¿Ecologismo o negocio encubierto?
La coincidencia entre la imposición de una norma ambiental costosa y la venta de los productos necesarios por parte de la misma dependencia que la promueve, dirigida por un funcionario investigado por corrupción, ha generado una fuerte crítica pública. Para muchos, la norma NAE-SMA-009-2024 no es más que una cortina de humo para encubrir un negocio millonario.
Mientras tanto, Glen Villarreal Zambrano continúa defendiendo su gestión como parte de una “corriente política fresca” y alejada de la corrupción. Sin embargo, los hechos y las investigaciones en curso parecen contar una historia muy distinta.
