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LA REFINERÍA OLMECA, en Dos Bocas, fue presentada como “la joya de la corona” del sexenio de Andrés Manuel López Obrador.
Prometía autosuficiencia energética, reducción en la importación de combustibles y un impulso a la soberanía nacional.
Sin embargo, a casi tres años de su inauguración simbólica, el proyecto se ha convertido en sinónimo de sobrecostos, opacidad y promesas incumplidas.
El costo final reportado por Pemex asciende a 20 mil 959 millones de dólares, casi el triple de lo que se presupuestó originalmente: 8 mil millones de dólares.
Este sobrecosto de 162% no es un simple desliz contable: es el reflejo de una mala planeación, decisiones políticas por encima de criterios técnicos y una ejecución sin transparencia.
A pesar de que en 2024 se aseguró que la refinería ya operaba al 100%, Pemex informó recientemente a la SEC que sigue en etapa de pruebas.
Incluso ha sufrido dos paros técnicos en 2025, y todavía se habla de que se necesitan inyectarle mil millones de dólares más.
¿Cómo se justifica una inversión de esta magnitud en una obra que aún no produce combustible de forma estable?
Diversos expertos coinciden en que el proyecto adolece de problemas estructurales y logísticos. Advierten que no se espera una operación cercana a 90% antes de 2027… y eso con suerte.
Mientras tanto, Pemex reporta pérdidas por 43 mil millones de pesos en el primer trimestre de 2025, y su división de refinación sigue siendo un lastre financiero.
La apuesta por Dos Bocas, junto con las coquizadoras de Tula y Salina Cruz, también retrasadas, parece más una narrativa política que una estrategia energética sólida.
La refinería podría convertirse en un lastre permanente para las finanzas públicas.
Mientras el entorno da señales de estancamiento económico, este tipo de megaproyectos mal ejecutados no solo comprometen recursos presentes, sino también el futuro fiscal del país.
La lección es clara: la autosuficiencia energética no se logra con discursos ni con obras apresuradas, sino con planeación, transparencia y rendición de cuentas.
EL GOBIERNO DE México anunció medidas para proteger a las industrias acerera y textil de prácticas comerciales desleales, principalmente de origen asiático. La Secretaría de Economía, encabezada por Marcelo Ebrard, detectó irregularidades en más de mil molinos de acero y canceló registros. También se revocaron permisos a ocho empresas textiles por simular exportaciones. Hacienda estima que estas acciones podrían elevar el PIB hasta 0.7 puntos y generar 700 mil empleos anuales.
EN ESE TENOR, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, declaró que podrían concretarse nuevos acuerdos comerciales esta semana, tras recibir propuestas de 17 socios, excluyendo a China. El funcionario destacó la participación directa del presidente Trump en las negociaciones. Aunque calificó a China como un socio poco fiable, no descartó avances en las próximas semanas.
LA CONFIANZA EMPRESARIAL en México cayó en abril a su nivel más bajo en 27 meses, ubicándose en 48.6 puntos, según datos del INEGI. El descenso refleja la incertidumbre económica y comercial, especialmente en la relación con Estados Unidos. La Secretaría de Economía y analistas financieros advierten que las expectativas de inversión se han debilitado. Por sectores, manufactura y comercio mostraron retrocesos, mientras que construcción y servicios privados no financieros tuvieron ligeras mejoras.
Y JUSTAMENTE UNA de las reformas que más ha erosionado la confianza empresarial esla del Poder Judicial impulsada por la 4T. Ahora estalla un nuevo escándalo que deja mal parado al tribunal de Tlalnepantla. Se acusa al exmagistrado Miguel Ángel Arteaga y al magistrado Juan Arturo Velásquez Méndez de presuntamente participar en una red de extorsión. Según versiones no oficiales, Arteaga estaría exigiendo millones de pesos como “despedida” a cambio de agilizar la liberación del procesado.
