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El estímulo fiscal por peajes se ha convertido en uno de los principales frentes de preocupación para el autotransporte de carga mexicano. La Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (CANACAR) lanzó un llamado a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), así como a la Cámara de Diputados y al Senado, para revisar las condiciones que actualmente limitan el acceso a este beneficio fiscal y atender las propuestas planteadas por la industria.
La discusión ocurre en un momento particularmente sensible para el sector. Además de enfrentar incrementos en costos operativos, las empresas transportistas deben destinar cada vez más recursos a la seguridad de operadores y unidades, en un entorno donde los robos al transporte continúan siendo una de las principales amenazas para la cadena logística nacional.
El transporte de carga busca preservar competitividad
Durante una conferencia de prensa, Augusto Ramos Melo, presidente nacional de CANACAR, aseguró que la petición del sector no tiene como objetivo obtener beneficios extraordinarios, sino preservar condiciones que permitan mantener la competitividad de las empresas.
“No estamos pidiendo privilegios ni pretendemos dejar de cumplir nuestras obligaciones fiscales”, sostuvo el dirigente empresarial al explicar que la industria requiere mecanismos que reconozcan la realidad económica bajo la cual operan miles de compañías de autotransporte en el país.
El planteamiento cobra relevancia debido a que el transporte terrestre moviliza la mayor parte de las mercancías que circulan por México. Cualquier incremento en los costos operativos de las empresas termina reflejándose en la logística, las cadenas de suministro y, eventualmente, en los precios para consumidores y empresas.
El punto central: el acreditamiento de casetas
La principal preocupación de CANACAR gira alrededor del acceso al estímulo fiscal relacionado con el pago de peajes.
Entre las alternativas presentadas por la Cámara destaca mantener el umbral de ingresos de 300 millones de pesos para acceder al beneficio del acreditamiento de casetas de peaje.
Otra propuesta consiste en que el límite de 250 millones de pesos opere de manera proporcional, permitiendo aplicar el acreditamiento hasta ese monto sin afectar el tratamiento fiscal de los ingresos excedentes.
Desde la perspectiva del sector, estas modificaciones permitirían mantener un equilibrio entre la política recaudatoria del gobierno y la necesidad de preservar la viabilidad financiera de empresas que dependen diariamente de la infraestructura carretera para operar.
Una discusión que va más allá de los impuestos
Para los transportistas, el debate no debe reducirse únicamente a una disposición contenida dentro de la Ley de Ingresos.
La Cámara sostiene que las decisiones fiscales tienen consecuencias directas sobre la capacidad de las empresas para invertir en nuevas unidades, renovar flotas, generar empleos y cumplir con sus compromisos financieros.
La preocupación adquiere especial relevancia considerando que la logística es uno de los pilares de la actividad económica nacional. Sectores como manufactura, comercio, agroindustria y exportaciones dependen directamente de la eficiencia del transporte terrestre para mover mercancías dentro y fuera del país.
Por ello, CANACAR argumenta que cualquier medida que incremente la carga financiera de las empresas puede afectar no sólo a los transportistas, sino a toda la cadena productiva.
Inseguridad y costos operativos elevan la presión sobre las empresas
A la discusión fiscal se suman otros desafíos que han venido afectando al sector durante los últimos años.
Las compañías transportistas enfrentan costos crecientes relacionados con la protección de operadores y unidades. Sistemas de monitoreo, tecnología de rastreo, seguros especializados y protocolos de seguridad representan inversiones cada vez más importantes para las empresas.
Además, cuando ocurre el robo de una unidad, las compañías deben enfrentar largos procesos administrativos y operativos para recuperar los vehículos e incorporarlos nuevamente a sus actividades productivas.
Esta combinación de factores explica por qué el sector considera que cualquier reducción o limitación a los estímulos fiscales puede tener un impacto superior al que reflejan únicamente los números presupuestales.
CANACAR intensifica el diálogo con Hacienda y el Congreso
La organización empresarial informó que ha sostenido reuniones con representantes tanto del Poder Ejecutivo como del Poder Legislativo para exponer sus argumentos.
Asimismo, ha participado en mesas de trabajo y ha buscado construir una posición coordinada con otras cámaras y organismos empresariales relacionados con la logística y el transporte.
Aunque reconoce apertura por parte de las autoridades para escuchar los planteamientos del sector, la Cámara considera que todavía no existe una respuesta concreta que permita dar certidumbre a las empresas.
“Hemos acudido a mesas de trabajo, hemos presentado argumentos, hemos propuesto alternativas. Lo que pedimos es que nuestras razones se traduzcan en decisiones”, afirmó Ramos Melo.
Un asunto con impacto económico nacional
La relevancia de esta discusión radica en que el autotransporte es uno de los principales motores de la economía mexicana.
La capacidad de mover mercancías de manera eficiente resulta fundamental para mantener el abastecimiento de insumos, alimentos, productos de consumo y bienes industriales en todo el territorio nacional.
Por ello, el sector sostiene que proteger la viabilidad financiera de las empresas transportistas no sólo beneficia a los operadores logísticos, sino que ayuda a preservar la estabilidad de las cadenas de suministro y la competitividad económica del país.
