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La cancelación del viaducto de Zacatecas continúa generando cuestionamientos sobre el manejo de los recursos públicos destinados al proyecto. Registros financieros del gobierno estatal muestran que durante el primer trimestre de 2026 el fideicomiso creado para financiar la obra registró una disminución cercana a 1,546 millones de pesos, mientras otro instrumento financiero del estado reportó un incremento prácticamente equivalente en el mismo periodo.
Los movimientos financieros aparecen en un contexto marcado por litigios pendientes, exigencias de transparencia y solicitudes de información promovidas desde distintos niveles de gobierno. Aunque los documentos oficiales reflejan cambios significativos en los saldos de los fideicomisos involucrados, por sí mismos no acreditan el destino final de los recursos ni permiten concluir si existieron transferencias entre ambos instrumentos.
Por ello, la discusión ya no gira únicamente alrededor de una obra cancelada. También involucra la necesidad de conocer qué ocurrió con los recursos recaudados para un proyecto que superaba los 3 mil 650 millones de pesos y que finalmente no se concretó.
Los movimientos financieros que llaman la atención
De acuerdo con el Informe Financiero al Primer Trimestre de 2026 del Poder Ejecutivo estatal, el fideicomiso asociado al viaducto pasó de contar con 1,631.9 millones de pesos al inicio del año a 85.9 millones de pesos al cierre de marzo.
La disminución representa aproximadamente el 95% de los recursos registrados inicialmente.
En paralelo, el Fideicomiso de Ejecución de Proyectos de Inversión Pública Productiva reportó un comportamiento inverso. Mientras al inicio de 2026 no registraba saldo, al finalizar el trimestre acumulaba 1,572.5 millones de pesos.
La similitud entre ambas cifras ha despertado interrogantes entre actores políticos y observadores del caso. Sin embargo, los registros financieros únicamente acreditan los montos existentes en fechas determinadas y no constituyen evidencia suficiente para acreditar un traslado directo de recursos entre fideicomisos.
Para establecer el destino específico del dinero se requiere analizar movimientos contables, autorizaciones administrativas, documentación financiera y expedientes presupuestales.
Una obra detenida por conflictos judiciales
El proyecto del viaducto elevado fue una de las obras de infraestructura más ambiciosas promovidas por la administración del gobernador David Monreal Ávila.
La iniciativa enfrentó desde sus primeras etapas críticas relacionadas con su impacto urbano, patrimonial y ambiental. Diversos sectores ciudadanos expresaron inquietudes sobre las afectaciones que podría generar en una de las zonas más representativas de la capital zacatecana.
La controversia derivó en recursos legales y resoluciones judiciales que terminaron frenando los trabajos.
Finalmente, el 27 de mayo de 2025, el gobierno estatal anunció la cancelación definitiva del proyecto.
Esa decisión puso fin a la ejecución de la obra, pero abrió un nuevo frente relacionado con los compromisos contractuales asumidos con las empresas participantes.
El conflicto continúa en tribunales
La cancelación no cerró el expediente.
Tras la terminación anticipada de los trabajos surgieron diferencias entre el gobierno estatal y las compañías involucradas respecto al finiquito del contrato y los montos económicos reclamados por ambas partes.
La controversia llegó a instancias judiciales y, hasta mediados de 2026, continuaban las disputas relacionadas con pagos, indemnizaciones y obligaciones derivadas de la cancelación.
La administración estatal cuestionó parte de las cantidades reclamadas, mientras las empresas defendieron sus derechos contractuales.
Especialistas en infraestructura señalan que este tipo de procesos suelen prolongarse durante años cuando no existe una conciliación entre las partes, particularmente en proyectos de alto valor económico.
El Congreso también pide explicaciones
La situación financiera del proyecto también llegó al ámbito legislativo.
La diputada federal Noemí Berenice Luna promovió una proposición para solicitar información sobre el destino de los recursos asociados al viaducto.
Entre los planteamientos presentados se encuentra la necesidad de conocer si los fondos fueron reintegrados, reasignados a otros proyectos o si permanecen reservados para cubrir obligaciones derivadas del proceso de cancelación.
Asimismo, se solicitó la intervención del Congreso local para dar seguimiento al manejo de los recursos públicos relacionados con la obra.
Hasta ahora, estas solicitudes representan requerimientos de información y fiscalización, mas no determinaciones que acrediten irregularidades administrativas o financieras.
La importancia de distinguir recursos y obligaciones
Uno de los aspectos centrales del debate consiste en diferenciar los recursos disponibles en los fideicomisos de las obligaciones pendientes derivadas de la cancelación del proyecto.
Los montos registrados en los estados financieros reflejan saldos contables en momentos específicos, pero no necesariamente muestran compromisos legales, pagos en proceso o recursos sujetos a controversias judiciales.
Por esa razón, expertos en finanzas públicas consideran indispensable revisar el expediente completo del proyecto para identificar:
- Los recursos efectivamente reunidos.
- Los pagos realizados.
- Los trabajos ejecutados y reconocidos.
- Las obligaciones contractuales pendientes.
- Los compromisos derivados del litigio en curso.
Sin ese análisis integral resulta difícil determinar el costo final de una obra que nunca fue concluida.
Transparencia y rendición de cuentas
El caso del viaducto de Zacatecas se ha convertido en uno de los expedientes más relevantes para la administración estatal debido a su impacto político, financiero e institucional.
Más allá del debate sobre la conveniencia o no del proyecto, la discusión actual se centra en la necesidad de transparentar el uso de los recursos públicos asociados a una obra cancelada y esclarecer el estado de las obligaciones financieras derivadas de ella.
Los registros financieros existentes muestran movimientos significativos que justifican las solicitudes de información formuladas desde distintos espacios políticos. Sin embargo, para determinar con precisión el destino de los recursos serán necesarios documentos adicionales, reportes contables detallados y la resolución de los procesos legales aún abiertos.
Mientras esas respuestas llegan, el viaducto cancelado sigue siendo un tema relevante para Zacatecas, no por la infraestructura que pudo construirse, sino por las preguntas que aún permanecen sobre el manejo de miles de millones de pesos de recursos públicos.
