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RECIENTEMENTE EL JEFE de Hacienda, Édgar Amador Zamora, respondió a un texto escrito por Guillermo Ortiz, cabeza de la misma cartera en el sexenio de Ernesto Zedillo; lo que terminó por abrir un debate que va mucho más allá de una disputa entre dos exsecretarios de Hacienda.
El actual titular de las finanzas públicas sostuvo que el modelo impulsado por la 4T produjo mejores resultados sociales que el aplicado durante el periodo neoliberal, apoyándose en una reducción de más de 13 millones de personas en situación de pobreza, una recuperación histórica del salario mínimo y una recaudación tributaria que alcanzó 14.6% del PIB en 2024, el nivel más alto registrado.
El argumento parece tener bases sólidas, hasta que se revisa qué es exactamente lo que se está midiendo. Porque una reducción de la pobreza no necesariamente implica una generación equivalente de riqueza. Son conceptos distintos. La primera puede lograrse mediante transferencias gubernamentales; la segunda requiere inversión, productividad, innovación y crecimiento económico sostenido. Ahí es donde comienzan las preguntas que Hacienda evita responder.
Desde 2019 el gobierno federal apostó por una expansión sin precedente de programas sociales, becas, pensiones y apoyos directos. Esa estrategia permitió incrementar el ingreso de millones de hogares y mejorar indicadores sociales. Nadie puede negar ese efecto. Lo que sí puede discutirse es la sostenibilidad del modelo. Una familia que recibe recursos públicos mejora su situación inmediata, pero el país no necesariamente produce más bienes, crea más empresas o desarrolla nuevas capacidades productivas por el simple hecho de redistribuir dinero.
Ese es precisamente el punto que intenta poner sobre la mesa Guillermo Ortiz. Mientras el gobierno presume indicadores de bienestar, la economía mexicana mostró un crecimiento de apenas 1.5% en 2024 y continúa lejos de los ritmos observados en otras economías emergentes. Al mismo tiempo, los salarios avanzaron mucho más rápido que la productividad, una combinación que puede sostenerse políticamente durante algunos años, pero que termina encontrando límites cuando la generación de valor no acompaña el incremento de los ingresos.
Tampoco ayuda observar el estado de las finanzas públicas. La recaudación alcanzó máximos históricos, pero la deuda pública avanzó hacia niveles cercanos al 50% del PIB, muy por encima de los registrados al inicio del sexenio de Andrés Manuel López Obrador. En otras palabras, el bienestar distribuido por el Estado no se financia por generación espontánea. Sale de impuestos, de endeudamiento o de recursos que dejan de asignarse a otras prioridades.
Y ahí está el verdadero dilema. Cada peso destinado a transferencias sociales es un peso que no llega a infraestructura, seguridad, ciencia, tecnología, hospitales o educación superior. El presupuesto federal no es infinito. Lo saben en Hacienda, lo saben los gobernadores y lo saben los inversionistas que observan con atención la evolución del déficit público.
Por eso el debate no debería centrarse en si las becas son buenas o malas. La pregunta relevante es si México está utilizando estos años para construir una economía capaz de que las futuras generaciones ya no dependan de ellas. Porque sacar a una persona de la pobreza mediante un apoyo gubernamental puede modificar una estadística. Sacarla mediante un empleo productivo, una empresa exitosa o una inversión que genere valor modifica su futuro. Esa es la diferencia que separa la redistribución de la riqueza de la creación de riqueza. Y es justamente el terreno donde Édgar Amador Zamora, hasta ahora, sigue sin contestarle de fondo a Guillermo Ortiz.
LO QUE COMENZÓ como una revisión comercial ya se transformó en una negociación mucho más compleja. Juan José Sierra Álvarez, presidente de la Coparmex, advirtió que los temas pendientes en la revisión del T-MEC crecieron de 54 a 90, incorporando asuntos como seguridad, reglas de origen y la relación de Norteamérica con China. Para el sector empresarial, el giro más relevante es que Washington ha colocado la seguridad en el centro de la conversación. Al mismo tiempo, Estados Unidos busca reducir la dependencia de insumos estratégicos fabricados en Asia y promover su producción regional. México aparece como uno de los principales candidatos para atraer parte de esa manufactura. La buena noticia es que las mesas de negociación siguen activas entre los tres países. La mala es que el futuro del acuerdo dependerá cada vez menos del comercio y más de factores geopolíticos.
BANCOMEXT ACELERA SU apuesta por las finanzas sostenibles. La institución que dirige Carlos Torres Rosas busca elevar su cartera verde y social a 75 mil millones de pesos al cierre de 2026. El banco parte de una posición financiera respaldada por más de 685 mil millones de pesos en activos consolidados. La estrategia contempla incentivos para empresas con métricas ambientales y sociales verificables. También prevé incorporar la Taxonomía Sostenible de México a sus procesos de crédito. En paralelo, Bancomext ya se consolidó como uno de los principales emisores de bonos etiquetados en el mercado local. El objetivo es canalizar más capital hacia proyectos productivos con impacto ambiental y social.
MÁS EFECTIVOS FEDERALES llegaron a Sinaloa, pero el desafío sigue siendo más amplio que una estrategia de contención. Alejandro Desfassiaux, fundador de Grupo Multisistemas de Seguridad Industrial, consideró positivo el despliegue de mil 800 elementos adicionales en Mazatlán y las principales carreteras de la entidad que ahora encabeza Graciela Domínguez Nava. La presencia de fuerzas federales busca reforzar la respuesta frente a los grupos del crimen organizado que operan en la región. Sin embargo, el especialista sostiene que la recuperación de la seguridad también pasa por la reactivación económica. Las pequeñas y medianas empresas figuran entre las más afectadas por el entorno de violencia. Recuperar la actividad productiva será tan importante como fortalecer el estado de fuerza. La estabilidad de Sinaloa dependerá de una estrategia que combine seguridad y crecimiento económico.
EL ENCARECIMIENTO DE la despensa volvió a prender focos amarillos entre los pequeños comerciantes. La ANPEC, que preside Cuauhtémoc Rivera, reportó que la Canasta Básica Alimentaria aumentó 13.34 pesos durante el último mes para ubicarse en 2 mil 141 pesos. Entre los productos con mayores alzas destacan la cebolla, la naranja y la manzana. El organismo advierte que la inflación, el costo de los combustibles, los apagones y la inseguridad seguirán presionando los precios hacia el cierre del año. A ello se suma la volatilidad en insumos clave como maíz, huevo, café, azúcar y aceites vegetales. El impacto ya comienza a reflejarse en un consumidor más cauteloso al momento de gastar. El reto para las familias será mantener el poder de compra en un entorno de mayores presiones sobre el consumo.
