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EL LUNES EN la Conferencia Mañanera, el director del Infonavit anunció lo que parecía una invitación a seguir con el fenómeno de los invasores de casas.
Y es que lanzó un nuevo programa que permitirá a ocupantes irregulares de viviendas abandonadas rentarlas con opción a compra, lo que ha generado un intenso debate en el ámbito económico y social.
Se argumenta que sería para atender el problema de más de 843 mil viviendas en situación de abandono, pero plantea interrogantes sobre su impacto en la economía nacional y en la cultura del cumplimiento legal.
El programa contempla que personas que han ocupado viviendas sin autorización, los llamados popularmente “paracaidistas, puedan regularizar su situación mediante un esquema de renta con opción a compra, accediendo a precios accesibles basados en el valor contable de las propiedades.
Aunque esta iniciativa parece ofrecer una solución humanitaria al problema de la vivienda, también manda el mensaje implícito de que la ocupación irregular pueda ser recompensada con la propiedad legal del inmueble.
Desde una perspectiva económica, esta política podría tener efectos negativos muy profundos.
En primer lugar, desincentiva el cumplimiento de los créditos hipotecarios, ya que quienes dejaron de pagar sus obligaciones o invadieron propiedades podrían beneficiarse sin enfrentar consecuencias.
Esto podría agravar la cartera vencida del Infonavit, que ya supera los 80 mil millones de pesos, afectando la sostenibilidad del sistema de financiamiento de vivienda.
Además, la medida podría generar una pérdida patrimonial para los propietarios originales, quienes, aunque se les promete una reposición de vivienda, no tienen garantías claras sobre el valor, ubicación o condiciones de la nueva propiedad.
Esta incertidumbre podría derivar en litigios costosos y en una mayor presión sobre los recursos públicos.
Otro aspecto preocupante es la distorsión del mercado inmobiliario.
Al ofrecer viviendas a precios muy por debajo del valor comercial, se altera la dinámica de oferta y demanda, afectando a desarrolladores, propietarios legítimos y compradores que adquirieron sus viviendas de forma legal.
Esta competencia desleal puede deprimir los precios en zonas vulnerables y desalentar la inversión en nuevos desarrollos habitacionales.
El costo fiscal y operativo del programa también es considerable.
Rehabilitar 25 mil viviendas vandalizadas, como se ha anunciado, implicaría un gasto superior a los 3 mil 750 millones de pesos, considerando un costo promedio de 150 mil pesos por unidad.
A esto se suman los gastos administrativos, legales y de seguimiento que requerirá la implementación del programa.
Legalizar la ocupación irregular sin un marco claro de responsabilidades y consecuencias puede debilitar la cultura del cumplimiento y fomentar la informalidad.
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