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SI ALGO LE recriminan sus malquerientes al gobierno de la 4T, en especial a Andrés Manuel López Obrador, es que bajaría de precio la gasolina, lo que no ha sucedido hasta ahora.
Lo que ahora intentan la Secretaría de Energía y Pemex, es topar el precio de la gasolina a 24 pesos por litro, lo que prendió focos rojos en el sector privado porque es regresar al régimen de precios controlados.
Aunque la intención de estabilizar los precios de los combustibles puede parecer una medida positiva, la realidad económica advierte que esa política está destinada al fracaso y tendría consecuencias negativas.
Al fijar un precio máximo, se desincentiva la inversión en infraestructura y mantenimiento de gasolinerías, lo que impactaría la calidad del servicio y llevaría a una escasez de combustibles.
Según un análisis de la consultora PetroIntelligence, 45.5% de las gasolineras en México podrían enfrentar problemas de viabilidad, si se establece un precio máximo de 24 pesos por litro.
Esto se debe a que muchas estaciones requieren un margen bruto superior a 2 pesos por litro para operar de manera rentable; en Nuevo León y Quintana Roo más de 85% de ellas podrían cerrar por ese tope.
Por su parte el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) ha señalado que los controles de precios son una ficción económica que está fuera de la realidad.
Los controles no logran estabilizar los precios de la gasolina y sí introducen mayores distorsiones incorregibles, y las gasolinerías no podrán cubrir sus costos operativos.
Esto podría resultar en largas filas y tiempos de espera para los consumidores, afectando la productividad y la movilidad en el país.
La reducción en la venta de combustibles también afectaría los ingresos fiscales del gobierno.
Menos ventas significan menos impuestos recaudados, lo que podría agravar el déficit fiscal y limitar la capacidad del gobierno para financiar otros programas y servicios públicos.
La incertidumbre generada por los controles de precios puede desincentivar la inversión en el sector energético.
Las empresas pueden ser reacias a invertir en nuevas estaciones de servicio o en la mejora de las existentes, lo que podría afectar la oferta de combustibles a largo plazo.
En conclusión, aunque la intención del gobierno de México de topar el precio de los combustibles puede parecer una medida bien intencionada, las evidencias sugieren que esta política está destinada al fracaso.
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