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El Contrato de seguridad del Edomex, valuado en casi 7 mil millones de pesos, comienza a convertirse en uno de los temas más sensibles para la administración pública estatal debido a las dudas sobre quién ejecutará realmente el proyecto, la experiencia de las empresas involucradas y los posibles riesgos para la infraestructura tecnológica destinada a la seguridad de millones de mexiquenses.
Más allá de su dimensión económica, el acuerdo adquiere relevancia porque impacta directamente en uno de los principales desafíos que enfrenta la entidad: los altos niveles de percepción de inseguridad en diversos municipios. En este contexto, la eficacia del sistema de monitoreo, videovigilancia y fortalecimiento tecnológico resulta fundamental para las capacidades operativas del gobierno estatal.
Un contrato estratégico para la seguridad pública
El contrato identificado como CS/A/155/2025 fue celebrado el 22 de diciembre de 2025 entre la Oficialía Mayor del Gobierno del Estado de México y Grupo Desarrollador Caseoli, S.A. de C.V.
La vigencia establecida es de 1,407 días naturales, periodo durante el cual deberá prestarse un servicio integral de mantenimiento, operación y fortalecimiento tecnológico del programa estatal de seguridad y monitoreo.
Por el tamaño de la inversión y la importancia estratégica del proyecto, se trata de una de las contrataciones más relevantes en materia de tecnología de seguridad realizadas por una entidad federativa en los últimos años.
Sin embargo, conforme avanzan los meses desde su firma, han surgido cuestionamientos sobre la capacidad técnica y la estructura operativa que sostendrá el cumplimiento de las obligaciones contractuales.
Las empresas involucradas
En la operación participan dos actores relevantes.
Por un lado, Grupo Desarrollador Caseoli, empresa que obtuvo formalmente el contrato. Por otro, Mota-Engil México, que figura como obligado solidario.
Ambas compañías están vinculadas al empresario José Miguel Bejos.
El punto que ha generado mayor atención es la posibilidad de que la empresa adjudicada no sea la responsable directa de ejecutar el proyecto, situación que podría abrir un debate sobre cumplimiento contractual, supervisión gubernamental y rendición de cuentas.
En proyectos de infraestructura crítica, especialmente aquellos relacionados con seguridad pública, los especialistas consideran indispensable que exista claridad sobre quién administra, opera y responde por los sistemas tecnológicos involucrados.
La experiencia de Mota-Engil en entredicho
Uno de los elementos más discutidos en torno al Contrato de seguridad del Edomex es el perfil operativo de Mota-Engil México.
La compañía cuenta con una trayectoria reconocida en sectores como:
- Construcción de autopistas.
- Infraestructura ferroviaria.
- Puertos y logística.
- Gestión de residuos.
- Energía e instalaciones hidroeléctricas.
- Conservación vial.
Entre sus proyectos más conocidos destacan la autopista Perote-Xalapa, el viaducto Siervo de la Nación y la participación en la Línea 3 del Metro de Guadalajara.
No obstante, diversos observadores señalan que la empresa no posee un historial robusto y ampliamente documentado en la implementación de sistemas integrales de seguridad pública de gran escala, factor relevante considerando la complejidad tecnológica del contrato mexiquense.
La diferencia entre construir infraestructura física y operar ecosistemas avanzados de videovigilancia, monitoreo, telecomunicaciones y análisis de datos representa un desafío técnico considerable.
El contexto de inseguridad eleva la presión
La relevancia del proyecto aumenta debido al entorno de seguridad que enfrenta el Estado de México.
Municipios como Chimalhuacán y Ecatepec registran elevados niveles de percepción de inseguridad entre la población.
De acuerdo con cifras de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), más de tres cuartas partes de los habitantes de dichas localidades manifiestan sentirse inseguros, mientras que la mayoría de las ciudades mexiquenses evaluadas superan el umbral del 70%.
Estas cifras explican por qué cualquier retraso, falla operativa o disputa relacionada con la infraestructura de seguridad genera preocupación adicional entre ciudadanos, autoridades y sectores empresariales.
Infraestructura crítica y antecedentes recientes
La discusión también alcanza la capacidad de ejecución de proyectos complejos.
Algunos críticos han señalado los problemas registrados en obras recientes de infraestructura vinculadas a Mota-Engil.
Uno de los casos más visibles es el de la autopista Siervo de la Nación, donde un incendio ocurrido en abril provocó daños estructurales y el cierre de un tramo estratégico para la movilidad regional.
El incidente impactó a miles de usuarios y generó cuestionamientos sobre los tiempos de recuperación de la infraestructura.
Aunque se trata de un proyecto distinto al esquema de seguridad estatal, el episodio ha sido utilizado por analistas para plantear dudas sobre la velocidad de respuesta y ejecución en proyectos de gran dimensión técnica.
El factor chino y las implicaciones geopolíticas
Otro tema que añade complejidad al análisis es la estructura accionaria de la matriz de Mota-Engil.
Diversos reportes señalan que China Communications Construction Company (CCCC), empresa estatal china, mantiene una participación superior al 30% en Mota-Engil SGPS, porcentaje que le proporciona influencia significativa dentro de la compañía.
La situación cobra especial relevancia debido a que el proyecto involucra infraestructura tecnológica considerada sensible para la seguridad pública.
En paralelo, también han surgido cuestionamientos sobre la utilización de equipos del fabricante chino Hikvision, compañía que ha enfrentado restricciones regulatorias en Estados Unidos por consideraciones relacionadas con seguridad nacional.
Aunque no existe evidencia pública que sugiera una afectación directa al sistema mexiquense, la discusión refleja cómo los proyectos tecnológicos de seguridad han dejado de ser exclusivamente asuntos locales para convertirse en temas vinculados con cadenas globales de suministro, ciberseguridad y relaciones internacionales.
Quizá el elemento más delicado sea la versión de que la ejecución operativa del proyecto podría recaer en Seguritech, una de las empresas más importantes del sector de seguridad tecnológica para gobiernos en México.
De confirmarse este escenario, la discusión giraría en torno a los mecanismos de subcontratación y a los alcances establecidos dentro del propio contrato.
La relevancia del tema radica en que los documentos contractuales suelen establecer restricciones específicas respecto a la cesión de obligaciones y a la participación de terceros.
Por ello, cualquier esquema de colaboración, transferencia operativa o subcontratación requeriría cumplir estrictamente con las autorizaciones contempladas por la autoridad contratante.
Transparencia y rendición de cuentas, los desafíos centrales
Desde una perspectiva económica y de gobernanza, el mayor reto no es únicamente quién gane un contrato público, sino quién lo ejecuta efectivamente y bajo qué condiciones.
Los inversionistas y empresas que participan en proyectos gubernamentales saben que la transparencia constituye un factor indispensable para garantizar certidumbre jurídica y confianza institucional.
Cuando existen diferencias entre la empresa adjudicada y la empresa operadora, las autoridades deben reforzar los mecanismos de supervisión para asegurar que:
- Se cumplan los objetivos establecidos.
- Exista responsabilidad claramente definida.
- Se respeten las condiciones originales de contratación.
- Se protejan los recursos públicos invertidos.
En el caso del Estado de México, la magnitud económica del contrato convierte estos aspectos en una prioridad estratégica.
