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LA DISPUTA ENTRE Samsung México y el Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha escalado a niveles que podrían redefinir el futuro de la manufactura de exportación en el país.
Más que un simple diferendo tributario, este caso se ha convertido en un símbolo de la tensión entre el Estado recaudador y las multinacionales que operan bajo el programa IMMEX.
Samsung, que en México dirige Thomas Yun, no es la única empresa que ha utilizado la figura de importación virtual para transferir insumos entre plantas sin pagar el IVA.
Sin embargo, sí es la única que enfrenta una reclamación fiscal superior a los 300 mil millones de pesos, una cifra que equivale a seis años de sus utilidades en México.
¿Por qué Samsung? Porque el SAT necesita un caso emblemático para sentar jurisprudencia y enviar un mensaje claro: el modelo fiscal de las maquiladoras está bajo revisión.
La empresa surcoreana sostiene que el cobro representa una doble tributación, ya que el IVA fue pagado en la importación original.
El SAT, por su parte, argumenta que el esquema ha permitido una evasión sistemática que podría alcanzar 250 mil millones de pesos anuales.
En medio de esta contradicción, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha aplazado su fallo, mientras las ministras Lenia Batres y Yasmín Esquivel exponen posturas opuestas.
¿Por qué las otras empresas IMMEX no dicho nada? La respuesta parece estar en la estrategia: muchas de ellas han sabido llevar de buena forma su pago de impuestos y se han evitado el escrutinio del SAT.
Samsung, en cambio, ha optado por una defensa pública, consciente de que su caso podría marcar el destino de toda la industria.
En plena ola de nearshoring, donde México se posiciona como destino clave para la relocalización de cadenas productivas, este conflicto podría tener efectos devastadores.
Samsung ya evalúa, o amenazó, con cerrar sus operaciones en Querétaro, Tijuana y Tlalnepantla si el fallo es desfavorable. La pérdida de empleos, inversión y confianza sería un golpe difícil de absorber.
La pregunta de fondo es si el SAT busca justicia fiscal o simplemente un castigo ejemplar. Si se valida el criterio de cobro, algunas empresas podrían reconsiderar su permanencia en México.
Si se desestima, el Estado perdería una oportunidad de corregir un esquema que, según sus cálculos, ha drenado miles de millones de pesos.
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