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LO QUE PINTABA como una alianza estratégica entre una de las plataformas de moda más grandes del mundo y la industria textil mexicana, hoy exhibe fisuras que van más allá de un simple desacuerdo comercial.
El caso Shein, que en México dirige José Miguel Domínguez Ramón, en Puebla revela, en el fondo, los límites de un modelo de negocio global cuando se enfrenta a expectativas locales que no son menores: empleo, producción nacional y condiciones equitativas.
El panorama inicial era atractiva. Integrar a fabricantes poblanos desde Texmelucan hasta Tehuacán al ecosistema digital de Shein implicaba abrir una vitrina internacional para la moda hecha en México.
Era, en teoría, una jugada de ganar-ganar: la plataforma ampliaba su oferta con identidad local y los productores accedían a un canal de distribución de escala global.
Pero en la práctica, según denuncian los propios involucrados, todo cambió.
La sustitución de prendas locales por mercancía importada desde Asia no solo representa un golpe económico para los fabricantes, sino también un mensaje preocupante: la promesa de integración puede quedarse en discurso cuando la lógica de costos y volumen entra en juego.
Porque si algo ha definido a Shein es su capacidad de operar a gran escala con cadenas de suministro altamente eficientes… y difícilmente replicables a nivel regional.
El punto de quiebre fue que la tienda física proyectada en Puebla, que debía fungir como escaparate de la producción local, terminó siendo, según los señalamientos, un reflejo del modelo tradicional de la compañía: producto importado dominando el anaquel. A partir de ahí, la relación comenzó a deteriorarse.
La industria textil mexicana ya arrastra presiones importantes: caída en el empleo, competencia desleal y márgenes cada vez más ajustados. En ese contexto, cualquier alianza con un jugador global se lee como una oportunidad de supervivencia, no solo de expansión.
Por eso, las acusaciones de condiciones restrictivas como la supuesta limitación para vender en otras plataformas elevan el tono del conflicto. Si se confirman, no solo hablarían de una relación comercial desigual, sino de prácticas que podrían encender alertas regulatorias.
El decomiso de mercancía y la cancelación de la tienda en Puebla terminan por cerrar un capítulo que deja más preguntas que certezas. ¿Fue una mala ejecución local o un síntoma de un modelo que difícilmente puede adaptarse a economías regionales sin imponer sus propias reglas?
Desde la trinchera empresarial, la advertencia es asociarse con gigantes digitales implica beneficios, pero también riesgos de asimetría. La balanza rara vez está equilibrada.
EL DEPARTAMENTO DE Transporte de Estados Unidos reiteró su postura para retirar la inmunidad antimonopolio a la alianza entre Delta y Aeroméxico. La dependencia argumentó que los acuerdos recientes con México no resuelven los problemas de competencia. De acuerdo con el DOT, que dirige Sean Duffy, se requieren evidencias concretas de cambios regulatorios. Las aerolíneas habían defendido avances derivados de negociaciones bilaterales. Entre ellos destaca la devolución de slots en el AICM. Sin embargo, el regulador considera que las medidas aún son insuficientes. El caso forma parte de una disputa por políticas aéreas entre ambos países. La resolución final sigue en proceso dentro del sistema judicial estadounidense.
FUNCIONARIOS DE PEMEX y de la Secretaría de Energía viajarán a Brasil para avanzar en un acuerdo con Petrobras. El objetivo es establecer colaboración en exploración y explotación en aguas profundas. De acuerdo con Claudia Sheinbaum, el equipo encabezado por directivos de ambas empresas definirá los detalles del convenio. La mandataria señaló que no participará directamente en esta primera fase. Indicó que se analiza si el acuerdo requiere formalización a nivel presidencial. La alianza busca aprovechar la experiencia técnica de Petrobras en exploración profunda. El acercamiento responde a la necesidad de fortalecer la producción energética. La posible firma marcaría un paso relevante en la cooperación energética entre ambos países.
LA EXMINISTRA DE la Suprema Corte, Margarita Ríos-Farjat, se incorporó como socia al despacho Holland & Knight. Su llegada ocurrió tras su salida del máximo tribunal en el contexto de la reforma judicial. La firma formalizó su integración en sus oficinas de Ciudad de México y Monterrey. De acuerdo con Luis Rubio, socio ejecutivo del despacho, su perfil aporta experiencia en materia constitucional y regulatoria. Ríos-Farjat cuenta con trayectoria en el sector público y en la SCJN. También fue titular del Servicio de Administración Tributaria. En su nuevo rol brindará asesoría en temas legales y financieros complejos. Su incorporación refuerza la presencia del despacho en el mercado jurídico mexicano.
BBVA RESEARCH ADVIRTIÓ que la deuda pública de México podría acercarse al 60% del PIB hacia 2030 sin ajustes fiscales. De acuerdo con BBVA México, este escenario implicaría riesgos para el grado de inversión del país. El análisis señala que aún hay margen para corregir la trayectoria de las finanzas públicas. Entre los retos destacan la baja recaudación y el limitado espacio fiscal. También se identificó a Pemex como una presión relevante para el balance público. El reporte sugiere incrementar ingresos y promover mayor crecimiento económico. Además, plantea la necesidad de replantear el modelo de negocio de la petrolera. Las medidas buscan evitar un deterioro en la percepción financiera de México.
