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LA MOVILIDAD SOCIAL, entendida como la posibilidad de que una persona mejore su situación socioeconómica respecto a la de sus padres, es un indicador clave del dinamismo y la equidad de una sociedad.
Sin embargo, los datos del Informe de Movilidad Social en México 2025, del Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY), revelan una realidad preocupante: la mayoría de las personas nacidas en contextos de pobreza siguen atrapadas en esa condición.
Según el informe, 73 % de quienes nacen en el quintil más bajo de ingresos permanecen en pobreza por ingresos en la adultez. Esta cifra refleja una baja movilidad intergeneracional y una fuerte persistencia de la desigualdad.
La situación varía significativamente por región: en el norte del país, 37 % de las personas en esta situación no logran superarla, mientras que en el sur la cifra asciende al 64 %.
Además, el género también influye: solo un 47 % de las mujeres nacidas en hogares de altos ingresos logran mantenerse en ese nivel, frente a un 53 % de los hombres.
La educación, tradicionalmente vista como un motor de ascenso social, tampoco está cumpliendo su promesa.
Solo 1 de cada 10 personas cuyos padres tienen primaria o menos alcanza estudios profesionales, mientras que quienes provienen de hogares con padres con estudios universitarios tienen siete veces más probabilidades de lograrlo.
Esto se traduce en que 75 % de las personas con padres con baja escolaridad no superan la secundaria completa, que es el promedio nacional actual.
Aunque entre 2017 y 2023 se registró una reducción de 7 puntos porcentuales en la pobreza por ingresos, este avance no ha sido suficiente para romper el ciclo intergeneracional de la pobreza.
La desigualdad de oportunidades, según el informe, explica al menos 48 % de la desigualdad económica en México.
Esto sugiere que factores estructurales, como el acceso desigual a servicios públicos de calidad, siguen condicionando fuertemente las trayectorias de vida.
En este contexto, resulta preocupante que el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, con el respaldo de la mayoría legislativa de la Cuarta Transformación, haya aprobado la eliminación del CONEVAL, el organismo autónomo encargado de evaluar la política social y medir la pobreza en México.
En un país donde la desigualdad de oportunidades coloca a México entre los 10 países con menor movilidad social, la eliminación de un organismo que visibiliza estas brechas parece más una estrategia de control político que una medida de eficiencia administrativa.
LA SECRETARÍA DE Economía, de Marcelo Ebrard, revocó 416 permisos del programa IMMEX por no presentar el reporte anual de exportaciones correspondiente a 2024. La medida afecta a empresas de sectores como acero, plásticos, alimentos y tecnología, incluyendo firmas como HP, Lenovo y Tupperware. El reporte debía entregarse antes del 31 de mayo de 2025. La cancelación fue publicada en el Diario Oficial de la Federación como parte del cumplimiento normativo del programa.
LA LLEGADA DE tres buques con gasolina y diésel marca el inicio de pruebas preoperativas en la Terminal de Altamira, Tamaulipas. Con una inversión superior a 180 millones de dólares y capacidad para 1.1 millones de barriles, el proyecto refuerza la infraestructura energética del país. La colaboración entre Valero, OTM y autoridades mexicanas busca garantizar operaciones seguras y normativas. Este desarrollo se da tras la reciente reactivación de la licencia de importación de Valero, que dirige Carlos García, suspendida brevemente en abril.
LA FINTECH TALA, que encabeza David Lask, anunció una donación para restaurar más de 5 hectáreas en la Reserva de la Biosfera de Los Tuxtlas, en colaboración con la UNAM y la Fundación Vivero de Tebanca. El proyecto busca recuperar manantiales y reforestar zonas afectadas, beneficiando tanto al ecosistema como a comunidades rurales. Esta iniciativa refuerza la seguridad hídrica y promueve la sostenibilidad económica local.
INDUSTRIAS PEÑOLES ANUNCIÓ el fin del paro laboral en Minera Tizapa, tras la resolución del Tribunal Laboral que validó parcialmente las demandas sindicales. Se ordenó el pago de salarios caídos y la reanudación de actividades. La empresa reiteró su compromiso con la legalidad laboral. El conflicto, iniciado en agosto de 2024, giró en torno a presuntas violaciones al contrato colectivo. Tras el anuncio, las acciones de Peñoles subieron más de 5% en la Bolsa, reflejando confianza del mercado.
