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POR AÑOS, LA inclusión financiera se ha presentado como la llave para abrir oportunidades económicas y reducir la desigualdad. Sin embargo, los datos del Índice Banamex de Inclusión Financiera 2025 muestra que sí hay avances, pero también rezagos estructurales que no podemos ignorar.
En 2024, 76.5% de los adultos mexicanos tiene al menos un producto financiero, casi cumpliendo la meta de la Política Nacional de Inclusión Financiera (PNIF). Pero detrás de este dato alentador hay sombras: 37% de la población adulta sigue fuera del sistema financiero formal.
Y lo más preocupante: solo 70.9% de quienes tienen cuenta la usan para pagos, lejos del objetivo de 85.3%.
¿De qué sirve abrir cuentas si no se usan? La respuesta está en la falta de educación financiera y en la persistente preferencia por el efectivo. El 90% de las compras menores a 500 pesos aún se paga en efectivo, y aunque las transferencias electrónicas crecieron de 1.6% a 4.4% entre 2021 y 2024, el cambio es lento.
La banca móvil es la estrella del informe del banco dirigido por Manuel Romo, ya que creció 502.7% entre 2017 y 2024, y hoy hay 100.7 millones de cuentas ligadas a celulares.
Pero la adopción no es homogénea en el país, ya que mientras la CDMX presume 29 mil 385 contratos de banca móvil por cada 10 mil adultos, Oaxaca apenas alcanza 5 mil 045. La brecha digital sigue siendo el muro invisible pues 33.7% de los urbanos hace operaciones bancarias en línea, contra solo 13.5% en zonas rurales.
Incluso los sistemas de pago digital impulsados por el gobierno, como CoDi, muestran resultados decepcionantes, hay 18 millones de cuentas validadas, pero solo 2.1 millones con transacciones.
En contraste, Brasil con su sistema Pix registra 547 millones de cuentas y 6 millones de transacciones mensuales. ¿Qué nos dice esto? Que la infraestructura no basta: se necesita confianza y cultura digital.
Otro tema que adolece es la brecha de género, y aunque la brecha de género se ha reducido, persiste: 80.9% de los hombres tiene cuenta, contra 72.8% de las mujeres. Y la desigualdad regional es brutal: 84.9% en el noreste vs. 67.7% en el sur. No se puede hablar de inclusión si el código postal sigue determinando el acceso al sistema financiero.
El informe destaca que 11.6% de la población abrió cuentas para recibir apoyos del gobierno, y que el Banco del Bienestar ya concentra 26.3% de las tarjetas de débito. Pero estas cuentas son funcionales para dispersión de recursos, no para generar hábitos financieros. Si la inclusión se limita a transferencias gubernamentales, estamos frente a una bancarización asistida, no a una verdadera integración financiera.
La inclusión financiera avanza, pero no transforma. La digitalización es la gran oportunidad, pero también el gran riesgo: si no se acompaña de educación financiera y políticas para reducir la informalidad (que hoy alcanza 55% de la población ocupada), solo estaremos creando cuentas inactivas y apps que nadie usa.
LA AUTORIZACIÓN DEL gobierno mexicano para que Volaris, que encabeza Enrique Beltranena, contrate pilotos no nacidos en el país ya levantó el ámpula en el sector. La Asociación Sindical de Pilotos Aviadores (ASPA) advierte que esta decisión vulnera la Ley de Aviación Civil y principios constitucionales, además de representar un riesgo de cabotaje encubierto. El gremio sostiene que la soberanía aérea debe prevalecer frente a presiones operativas.
AUTOVÍAS DE MICHOACÁN, subsidiaria de Red de Carreteras de Occidente (RCO), recibió una ampliación de concesión para intervenir la carretera federal Zamora-La Piedad. El plazo se extiende por 30 años, hasta el 2 de diciembre de 2069. El proyecto contempla reconstrucción, ampliación y conservación del tramo Rinconada-La Piedad, que abarca del kilómetro 0 al 3,500. Esto busca garantizar la modernización y mantenimiento de una vía estratégica para la conectividad regional.
TRAS MÁS DE dos años de análisis, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) concluyó que no tiene jurisdicción para resolver la demanda de Access Business Group contra México. La empresa alegaba expropiación de terrenos en Jalisco adquiridos en los años noventa por su filial Nutrilite, usados para producción agroindustrial. El tribunal determinó que las medidas impugnadas ocurrieron después de la terminación del TLCAN, por lo que no podían considerarse violaciones vigentes bajo ese tratado ni bajo el T-MEC. El caso fue desestimado en su totalidad y se ordenó al demandante pagar 1.3 millones de dólares por costos del arbitraje.
EN SEPTIEMBRE, LAS ventas minoristas en México retrocedieron 0.04% frente a agosto, según el Inegi, mostrando una pausa en el dinamismo observado previamente. Aun así, el indicador fue 2.4% superior al nivel de septiembre de 2024, aunque menor al crecimiento de 3.1% registrado en agosto. De forma acumulada, el sector mantiene un avance de 1.8% en lo que va del año, frente a la caída de 0.3% en el mismo periodo del año pasado. La trayectoria, sin embargo, ha sido errática, con cuatro meses de retrocesos en nueve reportados.
