Tiempo de lectura aprox: 1 minutos, 8 segundos
Autoridades mexicanas serán instadas a investigar las actividades que presuntamente habría realizado José Eduardo Quiñones Placencia en relación con la captación de recursos para supuestos proyectos vinculados con agencias de modelaje, luego de que inversionistas denunciaran posibles irregularidades en el manejo de fondos destinados a dichos negocios.
De acuerdo con la información que será presentada ante las autoridades, diversos particulares habrían entregado cantidades millonarias de dinero bajo la promesa de participar en la creación, operación o expansión de agencias de modelaje. Sin embargo, algunos inversionistas sostienen que existen dudas sobre la viabilidad de los proyectos ofrecidos y sobre el destino final de los recursos aportados.
Entre los casos reportados destaca el de un inversionista que ya inició acciones legales por un monto superior a los 10 millones de pesos. La documentación presentada incluye una demanda mercantil promovida en la Ciudad de México por presunto
Las solicitudes de investigación buscarán que las autoridades determinen si los recursos fueron obtenidos mediante información falsa o engañosa respecto de los proyectos ofrecidos, o si los hechos corresponden exclusivamente a una controversia contractual de carácter mercantil.
Asimismo, se pedirá revisar contratos, cuentas bancarias, sociedades relacionadas y movimientos financieros asociados al caso, con el objetivo de establecer la ruta seguida por los recursos aportados por los inversionistas.
Debido a que la persona señalada cuenta con nacionalidad extranjera y existe la posibilidad de que se hayan utilizado estructuras corporativas, cuentas o activos fuera del territorio mexicano, también se solicitará evaluar la procedencia de mecanismos de cooperación jurídica internacional para obtener información de otras jurisdicciones.
La investigación buscará además identificar a posibles afectados adicionales, determinar si existieron terceros involucrados en la captación de inversionistas o modelos y esclarecer el destino de los recursos entregados para los proyectos.
Hasta ahora no existe una determinación judicial o ministerial que establezca responsabilidad penal alguna. Será la autoridad competente la que, con base en las pruebas que se alleguen al expediente, determine si existe la comisión de algún delito o si se trata de un conflicto estrictamente contractual.
