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LA EXTINCIÓN DEL Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) y la transferencia de sus funciones al INEGI no es una simple reestructuración administrativa.
Es un golpe directo a la transparencia y a la rendición de cuentas en la política social mexicana.
Bajo el argumento de “eficiencia”, el gobierno ha eliminado al único órgano autónomo que podía evaluar con independencia la pobreza y la efectividad de los programas sociales.
En 2022, el CONEVAL, que encabeza José Nabor Cruz Marcelo, reportó que 46.8 millones de personas en México vivían en situación de pobreza, lo que representaba 36.3% de la población.
De ellas, 9.1 millones estaban en pobreza extrema.
Estas cifras no son solo estadísticas: son el reflejo de millones de vidas marcadas por la carencia de servicios básicos, salud, educación y alimentación.
Lo más alarmante es que, pese al aumento del gasto social, la pobreza extrema creció entre 2018 y 2020, pasando de 7.0% a 8.5% de la población.
Este tipo de datos contradicen el discurso oficial de que los programas sociales están resolviendo la pobreza. Fue una verdad incómoda que el gobierno no quiso escuchar.
El INEGI es una institución técnica y valiosa, pero su función principal es levantar datos, no evaluarlos.
Al absorber las funciones del CONEVAL, se convierte en juez y parte: el mismo organismo que recolecta la información será el que evalúe las políticas públicas que esos datos deben juzgar.
Esto rompe con el principio de contrapeso institucional y abre la puerta a la manipulación o interpretación sesgada de los datos.
La independencia técnica que tenía el CONEVAL permitía emitir diagnósticos incómodos, como cuando señaló deficiencias en programas como Sembrando Vida o las becas Benito Juárez, que si bien tienen amplia cobertura, no siempre llegan a quienes más lo necesitan.
Durante el debate legislativo, varios senadores de Morena repitieron un discurso vacío sobre “democratizar la evaluación” y “acabar con los privilegios del CONEVAL”, sin ofrecer evidencia ni argumentos técnicos.
Lo irónico es que muchos de ellos, como Adán Augusto López, votaron en 2014 a favor de fortalecer la autonomía del CONEVAL.
Hoy, en un acto de oportunismo político, avalan su desaparición sin entender, o sin querer entender, sus consecuencias.
La desaparición del CONEVAL no es un acto de eficiencia: es un acto de opacidad.
Sin un evaluador independiente, el gobierno podrá presumir cifras maquilladas, mientras millones siguen viviendo en condiciones indignas.
Y lo más grave: lo hará sin que nadie pueda contradecirlo con datos confiables.
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