Tiempo de lectura aprox: 2 minutos, 17 segundos
Hay un momento en la vida de toda empresa en México en el que descubre una verdad incómoda: gastar dinero no es lo más difícil; demostrarle al SAT cómo, cuándo, por qué y con qué instrumento se gastó suele ser mucho más complicado.
La Ley del Impuesto sobre la Renta establece una amplia lista de deducciones autorizadas. Ahí aparecen desde devoluciones y descuentos hasta inversiones, costos de venta, cuotas patronales al IMSS, intereses, donativos, seguros y pérdidas por créditos incobrables. En teoría, el sistema reconoce que para generar ingresos primero hay que realizar gastos. Parece lógico. Lo es.
El problema surge cuando el contribuyente descubre que la deducción no depende únicamente de la existencia del gasto, sino de una extensa cadena de requisitos que, en ocasiones, parecen tener vida propia.
La autoridad fiscal exige que el gasto sea estrictamente indispensable. También debe estar registrado correctamente en la contabilidad, respaldado por documentación válida, pagado mediante instrumentos bancarios autorizados cuando corresponda y acompañado del cumplimiento de obligaciones relacionadas con retenciones e impuestos indirectos como el IVA.
Cada requisito tiene una justificación legítima. El Estado necesita mecanismos para combatir la evasión y evitar simulaciones. Sin controles adecuados, cualquier sistema tributario terminaría convertido en un terreno fértil para abusos. Sin embargo, la pregunta relevante no es si deben existir controles, sino si el nivel actual de complejidad genera más beneficios que costos.
Las grandes corporaciones cuentan con áreas fiscales completas, despachos especializados y sistemas capaces de documentar cada movimiento. Para ellas, el cumplimiento es una inversión más dentro de la operación. La realidad es distinta para miles de pequeñas y medianas empresas que funcionan con estructuras limitadas y que encuentran cada vez más difícil mantenerse al día con las exigencias administrativas.
Los apuntes sobre deducciones reflejan precisamente esa realidad. El contribuyente debe justificar pagos a administradores, gerentes y consejeros; acreditar la procedencia de gastos de previsión social; documentar aportaciones a fondos de ahorro; demostrar la contratación de seguros para trabajadores; comprobar donativos; registrar adecuadamente anticipos y subsidios, además de cumplir con requisitos específicos cuando existen operaciones de comercio exterior.
No se trata únicamente de pagar impuestos. Se trata de construir un expediente permanente capaz de resistir cualquier revisión futura.
Los créditos incobrables son un buen ejemplo de la complejidad existente. Cuando una empresa vende y posteriormente enfrenta la imposibilidad de cobrar, la legislación permite reconocer esa pérdida. Sin embargo, para hacerlo debe acreditarse la imposibilidad práctica de cobro y cumplir formalidades que muchas veces obligan a invertir más recursos en documentar la pérdida que en recuperar el adeudo.
Algo similar ocurre con los pagos a comisionistas o intermediarios en el extranjero, con los fondos de previsión social o con algunos seguros destinados a beneficiar a los trabajadores. Son figuras legítimas que buscan incentivar la actividad económica y mejorar las condiciones laborales. No obstante, el camino para acceder a esos beneficios suele ser tan técnico que termina alejando a quienes más podrían necesitarlos.
Paradójicamente, un sistema pensado para fomentar la formalidad puede terminar castigando a quienes intentan cumplir. No porque la carga fiscal sea necesariamente excesiva, sino porque el costo administrativo del cumplimiento continúa creciendo.
México necesita recaudar más y mejor. Esa es una realidad innegable. También necesita cerrar espacios a la evasión y fortalecer la fiscalización. Pero la eficiencia tributaria no debería medirse únicamente por la cantidad de controles existentes, sino también por la facilidad con la que los contribuyentes honestos pueden cumplirlos.
Cuando una empresa invierte, contrata personal, aporta a fondos de ahorro, paga seguros o realiza gastos indispensables para operar, está contribuyendo al crecimiento económico. Un marco fiscal moderno debería acompañar esos esfuerzos mediante reglas claras, simples y previsibles.
La discusión de fondo no está en las deducciones mismas. Está en la filosofía con la que se diseñan los procesos para obtenerlas. Si el contribuyente necesita convertirse en especialista fiscal para acreditar cada gasto legítimo, quizá el problema ya no está en el gasto.
Quizá el verdadero costo de hacer negocios en México comienza después de haber pagado la factura.
