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EN EL MARCO de la discusión del paquete fiscal 2026, el gobierno de Claudia Sheinbaum ha reiterado su intención de canalizar los ingresos por concepto de IEPS al alcohol y tabaco hacia el fortalecimiento del sistema de salud.
La propuesta, aunque loable en el discurso, se enfrenta a una realidad institucional que pone en duda su efectividad.
¿Realmente estos recursos llegarán a mejorar la atención médica o seguirán fondeando programas sociales como las becas del bienestar?
El reciente informe de México Evalúa sobre el gasto en salud entre 2018 y 2024 ofrece una radiografía preocupante.
A pesar de que el gasto público federal alcanzó un máximo histórico de 930 mil millones de pesos, el gasto per cápita para personas sin seguridad social cayó 8% respecto a 2018. Esto, en un contexto donde la población objetivo creció de 55 a 66 millones de personas.
La eliminación del Seguro Popular y la transición hacia el IMSS-Bienestar no ha logrado blindar financieramente al sistema, y los hogares han tenido que asumir cada vez más los costos de atención médica.
El documento revela que el gasto de bolsillo en salud aumentó 41.4% en términos reales, y el gasto en medicamentos se duplicó. Más de un millón de hogares incurrieron en gastos catastróficos, y cerca de 287 mil se empobrecieron tras cubrir necesidades sanitarias.
Estos datos evidencian que, lejos de avanzar hacia un sistema universal, México ha profundizado la privatización de facto de la atención médica: siete de cada diez personas se atienden fuera del sector público, ya sea en farmacias o mediante automedicación.
En este contexto, el destino del IEPS cobra relevancia. Si bien el discurso oficial apunta a fortalecer el sistema de salud, el análisis del Fonsabi —fideicomiso creado para financiar enfermedades catastróficas y medicamentos— muestra que 67.2% de sus recursos fueron reintegrados a la Tesorería de la Federación entre 2020 y 2024.
Al perder su etiquetación, estos fondos pueden ser usados para cualquier fin, incluyendo programas sociales sin relación directa con la salud.
La pregunta es inevitable: ¿el IEPS será realmente un instrumento para mejorar la atención médica o se convertirá en una fuente más de financiamiento para la política social?
La experiencia reciente sugiere lo segundo. Sin reglas claras de financiamiento, sin mecanismos de trazabilidad y sin garantías explícitas de cobertura, los recursos corren el riesgo de diluirse en un mar de prioridades políticas.
YA QUE HABLAMOS de la SHCP, propone beneficios fiscales para quienes participen en la organización del Mundial FIFA 2026 en México. La medida busca incentivar la inversión y facilitar trámites administrativos, en línea con compromisos asumidos ante FIFA. El SAT, de Antonio Martínez Dagnigno, definirá reglas para aplicar exenciones en ISR e IVA. Se trata de una estrategia para proyectar al país internacionalmente y aprovechar el impacto económico y turístico del evento.
NO HAY QUE perder de vista lo que ocurre con la economía de Estados Unidos, pues la revisión a la baja de 911 mil empleos confirma una desaceleración, según Jamie Dimon, CEO de JPMorgan. Aunque no anticipa una recesión, advierte sobre señales mixtas: menor consumo, pero ganancias corporativas sólidas. La Reserva Federal podría recortar tasas, aunque su impacto es incierto. Dimon sugiere cautela: “Solo tenemos que esperar y ver”.
LA IMPORTACIÓN DE carne de res brasileña bajo el PACIC ha generado presión sobre los productores mexicanos, al introducir competencia con costos subsidiados. Aunque la medida buscaba frenar la inflación, no logró reducir precios al consumidor y provocó una sobreoferta. El impacto pone en riesgo la soberanía alimentaria. Expertos sugieren fortalecer al sector ganadero nacional con apoyos y condiciones equitativas.
LA CONFEDERACIÓN DE Asociaciones de Agentes Aduanales de la República Mexicana (CAAAREM) anunció la expulsión de agentes aduanales implicados en importaciones irregulares de hidrocarburos, en respaldo a la seguridad nacional. La medida busca preservar la integridad del gremio y fortalecer la lucha contra el contrabando. El organismo avanza en certificaciones, inteligencia artificial y alertas de riesgo.
