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LA RESOLUCIÓN DEL Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que obliga a Elektra a pagar 2 mil millones de pesos de Impuesto Sobre la Renta (ISR), encendió las alarmas más allá de un litigio fiscal.
Este fallo podría marcar el inicio de una nueva etapa en la relación entre el poder judicial y el empresariado mexicano.
Grupo Salinas no tardó en calificar la decisión como parte de una “farsa electoral judicial” y denunció “actos de consigna judicial” y un sistema “sometido a intereses políticos”.
Lo cierto es que este caso se inscribe en un contexto de creciente tensión entre grandes contribuyentes y el Estado mexicano, donde la línea entre justicia fiscal y persecución política parece cada vez más difusa.
El origen del litigio se remonta a 2012, cuando Elektra intentó deducir pérdidas fiscales derivadas de la compra y venta de una empresa llamada Beta.
Sin embargo, el tribunal determinó que dicha empresa era una “entidad de papel”, sin operaciones reales, lo que invalidaba la deducción y justificaba el cobro del crédito fiscal, originalmente calculado en mil 603 millones de pesos.
Este no es un caso aislado: en lo que va del año Elektra ha promovido al menos ocho litigios fiscales más, que en conjunto representan un monto preliminar de 29 mil 805 millones de pesos, sin contar sanciones ni actualizaciones.
La magnitud de estas cifras y la intensidad del discurso empresarial plantean una pregunta incómoda: ¿estamos ante un nuevo modelo de justicia fiscal o frente a un sistema que podría ahuyentar la inversión?
México necesita certeza jurídica para atraer capital. Según datos de la Secretaría de Economía, la inversión extranjera directa cayó 4.4% en 2024, en parte por la percepción de un entorno regulatorio y judicial incierto.
Si los empresarios perciben que los tribunales actúan bajo presión política o que los litigios fiscales se convierten en escarmientos públicos, el riesgo país se eleva y con él el costo de invertir.
La justicia fiscal es necesaria: nadie debe estar por encima de la ley. Pero también es indispensable que los procesos sean transparentes, imparciales y ajenos a coyunturas políticas.
De lo contrario, el mensaje que se envía es claro: en México hacer negocios puede implicar enfrentarse no solo al SAT y al Estado, sino también a un sistema judicial impredecible.
El caso Elektra podría ser el primero de muchos. Y si no se garantiza un equilibrio entre el combate a la evasión y la protección del Estado de derecho, el verdadero costo no lo pagarán solo los empresarios, sino toda la economía mexicana.
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