Tiempo de lectura aprox: 2 minutos, 29 segundos
LA PROPUESTA DE reducir la jornada laboral en México sigue generando discrepancias entre los sectores productivos, autoridades y especialistas.
Aunque la intención de mejorar la calidad de vida de los trabajadores es loable, el Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP) señaló que es necesario analizar con detenimiento sus implicaciones técnicas y económicas.
Uno de los principales cuestionamientos es cómo afectará a la productividad.
Según datos de la OCDE, México es uno de los países con mayor número de horas trabajadas al año (2 mil 226 en 2022), pero con una productividad laboral por hora relativamente baja.
Esto sugiere que reducir las horas no necesariamente implicaría una caída en la producción, siempre que se acompañe de mejoras en eficiencia y tecnología.
Sin embargo, el instituto que preside Héctor Amaya considera que el momento económico todavía genera incertidumbre; las empresas mexicanas aún no se recuperan completamente de los efectos de la pandemia.
A esto se suman factores como la incertidumbre geopolítica, los aranceles y la falta de una reforma fiscal que alivie la carga tributaria.
En este contexto, una reforma laboral podría representar una carga adicional, especialmente para las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs), que representan más de 95% del total de los negocios en el país.
Otro punto de preocupación es el posible aumento de la informalidad. Según el INEGI, en 2024 un 55.1% de la población ocupada en México trabajaba en condiciones de informalidad.
Una reducción de la jornada sin un acompañamiento adecuado podría incentivar a algunas empresas a operar fuera del marco legal para evitar costos adicionales.
Aunque se ha planteado una implementación gradual, aún no se conocen los detalles del documento oficial, que podría presentarse en septiembre.
Esta falta de claridad genera incertidumbre en el sector empresarial, que necesita tiempo para planear y adaptarse.
En paralelo, el llamado “Plan México” busca incentivar la inversión y el crecimiento económico; no obstante, su llegada coincidió con un entorno complicado, lo que ha frenado su impacto inmediato.
Las reglas del plan fueron liberadas en enero, justo cuando Donald Trump asumió nuevamente la presidencia de Estados Unidos, lo que añadió incertidumbre comercial.
Por otro lado, iniciativas locales como la reducción del Impuesto Sobre Nómina (ISN) en Nuevo León, son vistas como pasos positivos.
PETRÓLEOS MEXICANOS ALISTA un recorte de tres mil plazas de confianza como parte de un plan para optimizar su estructura y reducir costos. Con esta medida, la empresa pretende ahorrar más de 10 mil millones de pesos y hacer más eficientes sus procesos internos. El ajuste implica eliminar áreas duplicadas y reorganizar niveles directivos, sin afectar directamente al personal sindicalizado. Aunque la reestructura también incluye nuevas plazas, el saldo neto es de menor gasto. Esta estrategia responde a la necesidad de las huestes de Víctor Rodríguez Padilla de mejorar su sostenibilidad financiera.
LA ASOCIACIÓN MEXICANA de Distribuidores de Automotores (AMDA), que preside Guillermo Rosales, advierte que la calidad de los combustibles en México limita avances en eficiencia vehicular y reducción de emisiones. El uso de gasolina y diésel deficientes, incluso el famoso huachicol, afecta motores, garantías y salud pública. Pese al crecimiento del mercado automotriz, donde México ocupa el lugar 13 a nivel global, 99% de los vehículos aún dependen de estos combustibles. La falta de normativas más estrictas y disponibilidad de energéticos más limpios retrasa la transición hacia una movilidad sustentable.
Nu México recibió la autorización para operar como institución de banca múltiple. Con un capital inicial superior a 13 mil millones de pesos, la fintech dirigida por Iván Canales podrá ofrecer productos como cuentas de nómina y servicios para pymes. Esta expansión podría fomentar la competencia e inclusión financiera, aunque también genera retos regulatorios y de infraestructura, sobre todo porque genera cierta desconfianza ante la cartera vencida que traen algunas fintech.
ALMADEN MINERALS PROPUSO un programa de retención para su personal clave, con miras a fortalecer su posición en el arbitraje internacional contra México. La minera canadiense busca una compensación de mil millones de dólares tras la cancelación del proyecto Ixtaca en Puebla, cuya viabilidad legal fue cuestionada por la comunidad local. La Suprema Corte determinó en 2019 que es obligatorio consultar a comunidades indígenas antes de otorgar concesiones mineras. Ahora, el caso se traslada al ámbito internacional bajo el TPP, donde la empresa argumenta afectaciones a su inversión.
