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LA MALOGRADA NUEVA ley de telecomunicaciones en México no sólo se echó encima a todas las plataformas digitales, sino también a todos los operadores privados porque hará de Altán Redes el nuevo monopolio estatal.
Lejos de construir un entorno de mercado equilibrado, esta ley empodera únicamente a un grupo privilegiado, distorsiona la competencia y pone en jaque el principio de neutralidad que debería regir al sector de las telecomunicaciones.
Faculta al Ejecutivo solicitar espectro radioeléctrico de manera gratuita y utilizarlo a través de entes controlados directa o indirectamente por el gobierno, como el caso de la empresa operadora de la red compartida.
En pocas palabras, el gobierno puede competir contra los privados en el mercado minorista, léase América Móvil, AT&T, Telefónica-Movistar y los pequeños operadores móviles virtuales (OMVs) … ¡con ventajas brutales!
No se trata únicamente de apoyar a un operador con fines sociales, como se justificó en el rescate de Altán durante el sexenio pasado.
Ahora se trata de abrirle paso para competir comercialmente, eliminando cualquier tipo de licitación o pago justo por el espectro, en desventaja para operadores como las que dirigen Daniel Hajj, Mónica Aspe y Camilo Aya.
La reforma no fortalece a México ni su transformación digital: fortalece a José Peña Merino, el director de la nueva Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, convertido ya en el “Zar” del sector.
No es casualidad que Altán Redes, bajo la tutela del Estado, aspire ahora a ser más que un operador mayorista: pretende ser la fuerza dominante en el mercado, gracias a un marco legal hecho a su medida.
La ley también favorece indirectamente a BAIT, el operador de Walmart, que es el principal cliente de Altán.
Si Altán accede a nuevas bandas de espectro (600 MHz, 1.5 GHz, 2.5 GHz, 3.5 GHz) gracias a esta ley, BAIT también se beneficiará, consolidando un duopolio peligroso en el mercado mexicano.
Así, no sólo se afectará la competencia, sino que se pondrán barreras de entrada altísimas para nuevos operadores y se desincentivarán inversiones privadas, justo cuando México más necesita fortalecer su infraestructura tecnológica.
Quizá lo más grave de todo sea que esta nueva legislación viola abiertamente el T-MEC.
Al otorgar ventajas desproporcionadas a un operador estatal y destruir la neutralidad regulatoria, México se expone a conflictos comerciales y a perder credibilidad ante sus socios internacionales.
Recordemos: lo que hace el Estado no se considera monopolio, dice la reforma de 2024.
Pero, aunque lo quieran disfrazar de política pública, lo que se está haciendo es crear un monopolio de facto, favorecido por el gobierno y blindado legalmente.
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