Canieti y AMITI quieren ser contempladas

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TRAS POSPONERSE SU votación en el Senado el pasado 28 de abril, el proyecto de Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión sigue generando debate en el legislativo y entre los actores de la industria.

La iniciativa, que contempla 283 artículos y 27 disposiciones transitorias, plantea una transformación profunda del sector.

Entre sus aspectos más relevantes está la creación de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), que absorbería las funciones del Instituto Federal de Telecomunicaciones, creado en 2013.

Este cambio institucional despierta preocupación en la Cámara Nacional de la Industria Electrónica, de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (Canieti) y la Asociación Mexicana de la Industria de Tecnologías de Información (AMITI), que presiden Enrique Yamuni y Pablo Gómez, respectivamente.

Ambas solicitaron formalmente ser incluidas en el proceso de discusión de la nueva ley, destacando la necesidad de un diálogo abierto que incorpore las mejores prácticas internacionales y garantice la neutralidad de la competencia, la libertad de expresión y la protección de los derechos digitales.

Según datos del INEGI, el sector telecom aportó alrededor de 3.4% del PIB nacional en 2023. Además, cifras de la propia Canieti estiman que la industria genera más de 700 mil empleos directos e indirectos en el país.

México cuenta con aproximadamente 88.6 millones de usuarios de internet, lo que equivale a 75.6% de la población de seis años o más, de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH) 2023.

En un contexto donde la inversión en telecomunicaciones alcanzó los 77 mil millones de pesos en 2023, según datos del IFT, generar certidumbre y confianza es clave para mantener y expandir la infraestructura digital del país.

Organizaciones como Red en Defensa de los Derechos Digitales y legisladores de oposición han advertido que este planteamiento podría abrir la puerta a prácticas de censura y poner en riesgo la operación de plataformas ampliamente utilizadas, como YouTube, WhatsApp o TikTok.

Daniel Hajj (Imagen dariocelis.mx)

Y YA QUE hablamos del sector telecomunicaciones, América Móvil evalúa nuevas adquisiciones tras el anuncio de desinversión de Telefónica en Latinoamérica, aunque enfrenta restricciones regulatorias al ser agente preponderante en México. La empresa que dirige Daniel Hajj redujo en 2025 su inversión de capital a 6 mil 700 millones de dólares. Mientras aguarda cambios regulatorios, América Móvil podría explorar compras en consorcio, replicando su estrategia en Brasil.

GRUPO COMERCIAL CHEDRAUI reportó una desaceleración en el consumo en México, fenómeno que también enfrentan otras empresas del sector ante bases comparativas altas y un calendario desfavorable. A pesar de ello, logró un crecimiento de 14.8% en ventas totales y 1.2% en ventas mismas tiendas, superando el promedio del sector retail. La compañía ve oportunidades en formatos como Supercito y Súper Che, aunque advierte que los altos costos laborales limitarán la agresividad competitiva en el mercado.

Clara Brugada (Imagen dariocelis.mx)

LA FÓRMULA 1 ASEGURÓ su permanencia en Ciudad de México hasta 2028 tras un acuerdo entre Liberty Media y el gobierno encabezado por Clara Brugada. El Gran Premio, celebrado en el Autódromo Hermanos Rodríguez, atrajo en 2024 a más de 400 mil asistentes, consolidándose como uno de los eventos deportivos más populares del país. Este anuncio garantiza continuidad a un proyecto que no solo impulsa el turismo y la economía local, sino que también refuerza la presencia de México en el calendario internacional de la Fórmula 1.

LA CONCANACO SERVYTUR propuso a Hacienda deducir a 100% la compra de autos nuevos fabricados en México, buscando fortalecer la producción nacional y dinamizar el mercado interno. Actualmente, solo 34% de los autos vendidos son de origen local, pese a que México es el séptimo productor mundial. Además, con 48% del parque vehicular con más de 16 años, el incentivo podría impulsar una renovación hacia unidades más eficientes y sostenibles, alineada con los objetivos de descarbonización y modernización de la movilidad.

Darío Celis