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Después de 9 años de suspensión, el megaproyecto inmobiliario en Palmas 915 en Lomas de Chapultepec está por reactivarse. Este desarrollo, liderado por Grupo GICSA, atraerá a más de 5,000 oficinistas, lo que ha generado preocupación en los vecinos y activistas de la alcaldía Miguel Hidalgo.
Este proyecto, que contempla la construcción de oficinas, viviendas de lujo y un centro comercial, ha sido objeto de controversia desde su inicio. La falta de permisos adecuados en 2015 llevó a la paralización de las obras. Sin embargo, su reactivación plantea nuevos desafíos para la zona, especialmente en términos de tránsito y ambulantaje.
Impacto del Megaproyecto en la Movilidad y los Servicios en Miguel Hidalgo
El aumento en la población flotante será significativo, lo que incrementará la presión sobre los servicios públicos de la zona. Además, la falta de vialidades adecuadas para gestionar este volumen de tráfico podría agravar los problemas de tránsito en una de las áreas más exclusivas de la Ciudad de México.
El organismo Comisión de Participación Comunitaria de Palmas (Copaco) ha advertido que la llegada de miles de empleados y el nuevo centro comercial provocarán un aumento considerable en el número de vendedores ambulantes, quienes ya representan un problema creciente en la zona. En los últimos tres años, el ambulantaje ha aumentado en un 300%, según estudios realizados por la activista Marcela Fuente Castillo.
Polémica en Torno al Uso de Suelo y los Permisos
Uno de los aspectos más controvertidos de este proyecto es la modificación del uso de suelo en la avenida Palmas. Originalmente, en esta área solo se permitían edificaciones de hasta tres niveles. Sin embargo, el megaproyecto de Grupo GICSA obtuvo autorización para levantar una torre de 17 pisos sin consulta previa a los vecinos.
La Comisión de Participación Comunitaria ha señalado que esta modificación no solo es irregular, sino que también pone en riesgo la calidad de vida de los residentes de Lomas de Chapultepec. Los vecinos exigen que el proyecto cumpla con todas las normativas urbanísticas y que se realice una consulta pública antes de su reactivación.
La situación ha generado tensiones políticas entre el alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, y las autoridades del gobierno central de la Ciudad de México. Mientras que Tabe insiste en que la obra debe cumplir con la ley y las expectativas de los vecinos, el gobierno de la CDMX, encabezado por Martí Batres, ha mantenido una postura más neutral.
En este contexto, algunos diputados locales de Morena-Verde, como Guadalupe Chávez y Carlos Mirón, han sido señalados por aprobar modificaciones de uso de suelo sin la consulta adecuada a los residentes. Esto ha generado malestar entre los vecinos, quienes consideran inadmisible que se realicen cambios sin tomar en cuenta el impacto que tendrán en la comunidad.
