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PARA NADIE ES un secreto que la economía mexicana ha sido víctima de una gestión financiera deficiente y discrecional durante décadas.
La falta de transparencia y la mala administración de los recursos públicos han dejado una huella profunda en el desarrollo del país.
El reciente informe de México Evalúa, titulado «Erario Sano y Vigilado», expone con claridad la necesidad imperiosa de instaurar mecanismos de gobernanza financiera que aseguren un uso responsable y transparente del dinero público.
Uno de los problemas más graves es la capacidad de la Secretaría de Hacienda, que comanda Rogelio Ramírez de la O, para modificar el presupuesto sin la aprobación del Congreso.
Esta práctica permite que los recursos se desvíen a fideicomisos, donde su uso se vuelve opaco y difícil de rastrear. Entre 2019 y 2023, se transfirieron en promedio 270% más recursos a fideicomisos de lo que se aprobó en el Presupuesto de Egresos de la Federación.
Además, las renuncias fiscales, decididas discrecionalmente por el Ejecutivo, reducen los ingresos del gobierno y afectan la inversión en servicios básicos esenciales para la población. Por ejemplo, los estímulos fiscales mediante decretos presidenciales crecieron 724% entre 2016 y 2022.
La deuda pública es otro tema crítico. Aunque puede ser una herramienta útil para la inversión, en México se ha utilizado principalmente para financiar gastos corrientes, incluyendo el pago de intereses de la misma deuda.
Se estima que el endeudamiento neto llegará en 2024 a 5.4% del PIB, el mayor monto jamás registrado. Para 2024, se anticipa un déficit presupuestal de 4.9% del PIB, incluso superior a lo observado en la década de 1990.
Además, por cada peso de endeudamiento, solo se gastarán 0.59 pesos en inversión, la proporción más baja desde 2009.
Para revertir esta situación, el equipo de Mariana Campos en México Evalúa propone diez políticas públicas que podrían transformar la gestión financiera del país.
Estas incluyen la creación de un Instituto de la Hacienda Pública, la implementación de evaluaciones de impacto presupuestario, y la limitación de las adecuaciones presupuestarias sin autorización legislativa.
Estas medidas buscan garantizar que los recursos se destinen a áreas prioritarias como salud, educación e infraestructura, y que se mantenga la estabilidad macroeconómica.
Es hora de que México adopte una gobernanza financiera robusta que asegure un uso eficiente y responsable de los recursos públicos. Solo así se podrá construir un futuro más justo y próspero para todos los mexicanos.
FARMACIAS BENAVIDES NOMBRÓ a Mauricio González-Luna Gutiérrez-Lascuráin como su nuevo director general, efectivo desde este 2 de diciembre. González-Luna, con 30 años de experiencia en el sector farmacéutico, sustituye a Michele Antonio Ingravallo, quien asumirá el rol de vicepresidente y director general de Retail Internacional en Walgreens Boots Alliance. El Consejo de Administración anunciará próximamente los cambios correspondientes y continuará supervisando la gestión de la compañía.
EL GOBIERNO DE Claudia Sheinbaum ha propuesto aumentar los derechos a la minería en la Ley Federal de Derechos 2025, en respuesta a una caída de 32% en la recaudación de estos derechos en 2024. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público sugiere elevar la tasa del derecho especial sobre minería de 7.5% a 8.5% y la del derecho extraordinario de 0.5% a 1.0%. En los primeros nueve meses de 2024, la recaudación por estos derechos fue de 6 mil 205.60 millones de pesos, comparado con 9 mil 177.71 millones en el mismo periodo de 2023.
Y HABLANDO DE la primera mandataria, este martes se reunió con Roberto Sifón-Arévalo, director general y líder de calificaciones soberanasde S&P Global Ratings para discutir las finanzas de México. Durante el encuentro, Claudia Sheinbaum presentó su visión del desarrollo del país. S&P, una de las principales agencias de calificación crediticia, ha señalado que México debe mantener una gestión macroeconómica cautelosa y vigilar el apoyo a Pemex y CFE para evitar una posible rebaja en su calificación crediticia actual de «BBB».
TELÉFONOS DE MÉXICO aprobó un aumento de capital social de 45 mil 200 millones de pesos. Los accionistas también aprobaron la emisión de 296 millones de acciones ordinarias, pagadas mediante la capitalización de cuentas por cobrar de América Móvil. Este incremento busca fortalecer el capital social de la empresa dirigida por Héctor Slim Seade. Además, se aprobaron cambios en el Artículo Sexto de los estatutos de Telmex durante la asamblea extraordinaria del 29 de noviembre.
Darío Celis
