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Realidad Aumentada
Desde su aparición en el mercado digital en 2008 quedó claro que AirBnB llegaba a ser disruptiva, tanto así que muchas personas empezaron a usar sus casas o departamentos para rentar de forma temporal en esa plataforma, dejando que fuera un ingreso extra, para ser algo permanente.
Recordemos que la pandemia de Covid-19 hizo que los llamados Nómadas Digitales empezaron a llegar a rincones del mundo en dónde podían trabajar de forma remota y sus dólares o euros les permitían darse una mejor vida que en sus países de origen lo que los dueños de inmuebles vieron como una mina de oro y representó un boom para la plataforma digital fundada por Brian Chesky, Joe Gebbia y Nathan Blecharczyk.
Es por ello por lo que autoridades municipales en todo el mundo han tratado de crear leyes que regulen el uso de estos servicios digitales, siendo la CDMX la de más reciente adhesión a estas leyes.
La reforma capitalina limita la ocupación de propiedades a un máximo del 50% del año, es decir, 180 días, buscan mitigar la gentrificación y equilibrar la competencia con el sector hotelero. Sin embargo, ¿realmente estas medidas lograrán sus objetivos sin generar efectos adversos?
En ciudades como Barcelona y París, donde se han implementado regulaciones similares, los resultados han sido mixtos.
En Barcelona, los alquileres a corto plazo están estrictamente regulados y se requiere una licencia que no se está emitiendo actualmente. Esto ha ayudado a reducir la presión sobre el mercado inmobiliario, pero también ha generado un mercado negro de alquileres no regulados.
En París, los anfitriones pueden alquilar su residencia principal un máximo de 120 noches al año, lo que ha ayudado a controlar la gentrificación en cierta medida, pero también ha llevado a una disminución en la oferta de alojamientos turísticos.
La competencia con el sector hotelero es otro punto central de la reforma. Al limitar la ocupación de propiedades en plataformas como Airbnb, se busca nivelar el campo de juego para los hoteles tradicionales. Sin embargo, esta medida podría tener un impacto negativo en las reservaciones electrónicas y en la economía local.
En Nueva York, por ejemplo, la Ley Local 18 obliga a los anfitriones a registrarse y prohíbe a las plataformas procesar transacciones de listados no registrados. Esta regulación ha llevado a una disminución significativa en la oferta de alquileres a corto plazo, afectando tanto a los anfitriones como a los turistas que buscan opciones de alojamiento más asequibles.
En Ámsterdam, el alquiler de casas completas está limitado a 60 días al año, lo que ha reducido la oferta de alojamientos turísticos y ha aumentado los precios de los hoteles.
En CDMX, se estima que el 65.1% de los inmuebles en plataformas como Airbnb son departamentos o casas enteras. Limitar la ocupación a 180 días podría reducir la presión sobre el mercado inmobiliario, pero también podría llevar a una disminución en los ingresos de los anfitriones y una menor oferta de alojamientos turísticos.
En Los Ángeles, donde se impone un límite anual de 120 días en áreas no incorporadas del condado, se ha observado una reducción en la oferta de alquileres a corto plazo, pero también un aumento en los precios de los alojamientos tradicionales.
En Miami, el límite de 180 días ha llevado a una disminución en la oferta de alquileres a corto plazo, pero también ha generado un mercado negro de alquileres no regulados.
Las reformas a la Ley de Turismo en CDMX representan un esfuerzo por mitigar la gentrificación y equilibrar la competencia en el sector de hospedaje.
Las experiencias de otras ciudades muestran que, si bien las regulaciones pueden ayudar a controlar la gentrificación, también pueden generar efectos adversos como la disminución de la oferta de alojamientos turísticos y el aumento de los precios de los hoteles.
Se debe estar analizando las cifras y el impacto real de estas reformas, para ir haciendo los ajustes que ayuden a mejorarla, si es que se quiere no impactar al turismo que ve en estos hospedajes una opción para sus viajes, y a su vez no impactar la libertad de los dueños de inmuebles a rentarlos de la forma en que consideren mejor para generar ingresos y el mercado se los permita.