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YA SE DIO la aprobación de la reforma energética de Morena en la Cámara de Diputados, misma que generó un debate sobre el papel del Estado en la transición energética de México.
La eliminación de un párrafo clave del artículo 27 de la Constitución, que estipulaba que el Estado sería responsable de esta transición, ha sido el centro de la controversia.
La reforma, propuesta por la diputada Ana Elizabeth Ayala Leyva de la aplanadora morenista, suprimió la obligación del Estado de liderar la transición energética.
Este cambio fue justificado por el coordinador del grupo parlamentario de Morena, Ricardo Monreal, quien argumentó que el Estado no tiene la capacidad económica para asumir esta responsabilidad en solitario.
El zacatecano sostiene que la modificación es una corrección necesaria para evitar que el Estado se vea sobrecargado con una tarea que no puede manejar por sí solo.
Según él, permitir que otros actores participen en la transición energética es una medida pragmática que podría acelerar el proceso y distribuir mejor los costos y esfuerzos.
Por otro lado, la oposición advirtió que esta modificación podría violar convenios internacionales, como el Acuerdo de París y reducir la capacidad del Estado para cumplir con sus obligaciones ambientales.
Esta medida elimina una parte importante de la reforma que buscaba asegurar la responsabilidad del Estado en la reducción de costos y contaminación.
Si bien la participación de actores privados podría traer inversiones y tecnología, también existe el riesgo de que la transición energética se vea fragmentada y menos coordinada.
La reforma energética aprobada refleja un equilibrio delicado entre pragmatismo económico y supuesta responsabilidad ambiental.
La decisión de suprimir la obligación del Estado de liderar la transición energética ha abierto un debate necesario sobre cómo México puede avanzar hacia un futuro más sostenible sin sobrecargar sus recursos públicos.
EN OTRA MÁS del Congreso de la Unión, la Cámara de Senadores aprobó la reforma constitucional que asegura que los salarios mínimos nunca estén por debajo de la inflación. Con 124 votos a favor, la reforma busca mejorar las condiciones laborales y garantizar salarios dignos para satisfacer las necesidades de los trabajadores y sus familias. Esta medida, respaldada por los diputados, ahora se dirige a las legislaturas estatales para su aprobación final. Además, establece que ciertos profesionales, como maestros y médicos, recibirán salarios no inferiores al promedio registrado ante el IMSS.
FEMSA, DE JOSÉ Antonio Fernández Carbajal, acordó la venta de su negocio logístico a Grupo Traxión por 4 mil 60 millones de pesos. Este movimiento se alinea con el plan de centrarse en negocios prioritarios. La transacción incluye operaciones en México, Brasil y Colombia, y espera aprobaciones regulatorias para el primer trimestre de 2025. Para Traxión la compra representa una expansión en mercados internacionales. La integración de Solistica fortalecerá su presencia en logística 3PL y brokerage de carga. Aunque el impacto financiero en Femsa es limitado, la operación refleja su continua transformación y enfoque en sus negocios clave.
STATE STREET CORPORATION, un banco especializado en custodia de activos, está abriendo operaciones en México, encabezado por María Ximena Vásquez Barbosa, que también verá la operación para América Latina y el Caribe. Esta expansión permitirá a State Street ofrecer sus servicios líderes en el mercado y fortalecer relaciones en América Latina, en donde ya cuenta con operaciones en Colombia, Chile y Perú.
OTRA ADQUISICIÓN EN el mundo logístico fue la de Jamco, que fue comprada por Imperative Logistics Group. Este movimiento busca capitalizar el creciente mercado de nearshoring en México, valorado en 14 mil millones de dólares. La adquisición permitirá a Imperative ofrecer servicios diferenciados de logística y comercio en la frontera entre México y Estados Unidos, fortaleciendo su posición en un mercado en constante expansión.
Darío Celis
