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DESDE SU RANCHO de Palenque, Andrés Manuel López Obrador reapareció esta semana para defender una de las afirmaciones más ambiciosas de su trayectoria política: que la corrupción se acabó en México. Lo hizo al presentar su libro más reciente y al hacer un balance de su administración, desde el mismo lugar al que se retiró tras dejar la Presidencia.
La frase levantó ámpula, porque el combate a la corrupción fue mucho más que una propuesta de gobierno. Fue la bandera que enarboló la Cuarta Transformación. Sobre esa premisa fue que López Obrador justificó recortes presupuestales, programas sociales, obras faraónicas y una confrontación permanente con el viejo régimen.
Sin embargo, la realidad parece empeñada en desmentir al político macupasno, pues si la corrupción hubiera quedado atrás, México no habría cerrado con apenas 26 puntos sobre 100 en el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional, una calificación que ubicó al país en la posición 140 de 180 naciones evaluadas y en el último lugar entre los miembros de la OCDE.
Tampoco seguiría abierto el capítulo de Segalmex, el caso más pesado que cargó el gobierno obradorista. Las auditorías detectaron irregularidades por miles de millones de pesos. A pesar de procesos de recuperación y aclaración de recursos, todavía existen montos pendientes por justificar y ninguna sentencia definitiva que permita afirmar que el episodio quedó resuelto.
El asunto adquiere otra dimensión porque no se trata de un gobierno cualquiera. Se trata de una administración que construyó gran parte de su legitimidad en torno a una supuesta honestidad pública. Por eso cada observación de la Auditoría y cada expediente inconcluso tiene un costo político superior al de otros sexenios.
A ello se suman los señalamientos que han alcanzado a personas cercanas al expresidente. El caso más visible es el de Andrés Manuel López Beltrán, uno de los hijos del tabasqueño, cuyo nombre ha aparecido en reportes periodísticos relacionados con presuntas redes de contrabando de combustible y tráfico de influencias.
Reportes recientes señalan que agencias estadounidenses revisan acusaciones en su contra, aunque hasta ahora no existe una investigación formal ni cargos judiciales presentados por autoridades de ese país. Del mismo modo, la Fiscalía mexicana ha sostenido que no hay procesos abiertos en su contra.
Nadie puede decretar culpabilidades desde una columna. Esa tarea corresponde a las autoridades y a los tribunales. Lo que sí puede hacerse es contrastar una declaración política con la evidencia disponible.
Y la evidencia muestra que la corrupción sigue siendo uno de los principales problemas del país, que los organismos internacionales continúan evaluando mal a México en esta materia y que los expedientes más sensibles del sexenio anterior aún no terminan de cerrarse.
Desde Palenque, López Obrador buscó reafirmar su legado. Pero a dos años de haber dejado el poder, la discusión ya no gira alrededor de lo que afirma el expresidente. Gira alrededor de algo mucho más difícil de controlar: lo que siguen diciendo los números.
EL FONDO MONETARIO Internacional mejoró su previsión de crecimiento para México a 1.5% en 2026, pero acompañó el ajuste con una advertencia que seguramente será revisada en Hacienda: el esfuerzo fiscal todavía no alcanza para colocar la deuda pública en una trayectoria descendente. El organismo que encabeza Kristalina Georgieva reconoció avances en la consolidación de las finanzas públicas, aunque insistió en la necesidad de elevar ingresos, hacer más eficiente el gasto y abrir mayores espacios a la inversión privada. También mantuvo una expectativa moderada para 2027, con un crecimiento de 1.8%. Infraestructura, certidumbre regulatoria e integración comercial siguen apareciendo entre los factores que podrían elevar el potencial de la economía mexicana. La seguridad, la corrupción y la informalidad continúan en la lista de pendientes que el organismo identifica para impulsar un mayor crecimiento.
FIBRA NEXT DECIDIÓ acelerar el paso con una operación de 11 mil 550 millones de pesos para quedarse con el portafolio Saturno. La adquisición incorpora más de 500 mil metros cuadrados de área rentable en el Estado de México y fortalece la exposición del fideicomiso a uno de los segmentos inmobiliarios que sigue concentrando demanda. El fideicomiso que capitanea Raúl Gallegos suma así dos activos respaldados por arrendatarios de primer nivel y con una generación anual estimada de más de mil millones de pesos en ingreso neto operativo. La estructura de la transacción combina certificados bursátiles y deuda asumida, una fórmula que preserva liquidez para futuras oportunidades. El rendimiento esperado ronda 9% sobre la inversión total.
LA COMISIÓN FEDERAL para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), que encabeza Víctor Hugo Borja, salió a cerrar un capítulo que durante meses generó presión sobre las exportaciones agroalimentarias mexicanas. Las investigaciones realizadas junto con la FDA y otras autoridades estadounidenses no encontraron evidencia concluyente que permita atribuir a productos mexicanos el origen de los brotes de Salmonella Javiana y Cyclospora cayetanensis. En el caso de los chiles jalapeños procedentes de Sinaloa, las muestras analizadas resultaron negativas y la propia autoridad estadounidense reconoció que no pudo determinar la fuente de contaminación. Respecto a Cyclospora, aunque se detectaron hallazgos ambientales en México, éstos no fueron suficientes para establecer una relación directa con los productos agrícolas investigados. La postura de la autoridad sanitaria mexicana es que cualquier señalamiento debe sustentarse en evidencia científica verificable.
LA SECRETARÍA DE Economía decidió conceder un mes adicional a importadores y comercializadores antes de aplicar nuevos controles a ciertas preparaciones alimenticias elaboradas con azúcar. La prórroga, vigente hasta el 2 de noviembre, ocurre mientras el gobierno intenta contener un incremento de mil 542% en las importaciones de azúcar registrado desde 2023. El foco de la autoridad está puesto en productos que ingresan bajo otras clasificaciones arancelarias, pero cuyo componente principal sigue siendo el azúcar. Detrás de la medida aparece una preocupación cada vez más visible entre productores e industriales: el desplazamiento de producción nacional por mercancías provenientes principalmente de Guatemala. La nueva regulación busca fortalecer la trazabilidad de esas importaciones sin interrumpir las operaciones de comercio exterior.
